Cuatro años para sanear finanzas del Valle

    miércoles 25 de julio, 2012

    En lo que algunos Diputados calificaron como “voto de confianza al Gobernador y su gabinete”, las Comisiones que tiene a cargo el estudio y aprobación del Proyecto de Ordenanza No. 016 “por medio de la cual se conceden facultades al Gobernador del Valle del Cauca para promover, negociar y celebrar un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento, en los términos de la Ley 550 de 1999”, aprobaron en primer debate la iniciativa.

    Javier Roldán Barbosa, Secretario de Hacienda del Departamento, presentó la información consolidada requerida el día anterior por los Asambleístas, en torno al estudio de los pasivos, demandas y pretensiones en contra de la Administración, la relación de las rentas que financiarán el saneamiento y el período de aplicación del Acuerdo, entre otros.

    “La información presentada corresponde a las cifras oficiales que maneja la Secretaría de Hacienda, pero en la medida que avanzamos en el análisis aparecen nuevas cuentas de otras dependencias, por eso la confiabilidad total no existe y es mi responsabilidad ponerlo en conocimiento de la Corporación, es el momento de la verdad; no quiero especular y, precisamente, las facultades que nos otorguen en el marco de la Ley 550 de 1999, nos permitirá maniobrar, establecer el pasivo definitivo y tener una interlocución válida con los acreedores”, manifestó el funcionario.

    En cuanto al período de aplicación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, la Secretaría de Hacienda hizo una proyección de 4 años, plazo en el cual espera sanear las finanzas del Departamento y recuperar la categoría especial, beneficiando y priorizando la inversión social.

    “Si bien con la Ley 550 empezamos a resolver el problema desde la perspectiva del gasto, también vamos a trabajar en los ingresos, y pese a que la estructura rentística de los departamentos es anacrónica y debería adoptarse un esquema tributario con rentas vinculadas al desarrollo económico, más dinámicas, por ahora mantendremos una política de comercialización agresiva de nuestros licores y combatiremos la industria paralela de licor”, agregó Roldán.

    Seguidamente, Germán Marín Zafra, Secretario Jurídico del Departamento, se refirió a los términos facultar y autorizar, los cuales han sido otro punto de discusión de los diputados, precisando que ambos son jurídicamente viables y están ajustados al ordenamiento jurídico. De igual modo, el alcance de las facultades otorgadas es un tema de confianza hacia la Administración y de control y seguimiento periódico por parte de la Asamblea Departamental.

    Luis Orlando Mina, diputado ponente del Proyecto de Ordenanza 016, espera que las facultades otorgadas permitan que el Departamento pueda superar de manera real la crisis económica que atraviesa y reactivar sus ingresos.

    “Debe haber también un compromiso del Gobierno Departamental en el fortalecimiento de la Secretaría Jurídica para la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos, pero además de ello, se debe mostrar resultados concretos en acciones fundamentales para el futuro del Establecimiento Departamental, tales como la implementación de los estándares de control interno, el Sistema Integral de la Calidad, o el ajuste a la estructura organizacional de la Gobernación, prioritaria para que Secretarías como Salud, Educación, Turismo, Agricultura, Vivienda, Desarrollo Social, Planeación y Hacienda, tengan un rol más protagónico y cumplan sus objetivos misionales”, afirmó Mina.

    Los diputados dejaron claro que este primer debate busca determinar la conveniencia y legalidad del proyecto de Ordenanza, tema lo suficientemente argumentado en el informe de los ponentes y en la exposición del Secretario de Hacienda.

    En la sesión plenaria, el Secretario ratificó la suma de $562 mil millones que cobijará el saneamiento, de los cuales $81.549 millones se adeudan a los empleados y pensionados; $205.596 a las entidades públicas y Seguro Social; $137.446 a las entidades financieras; $35.682 a otros acreedores y proveedores y $100 mil millones, que equivalen al 20% de las pretensiones en contra del Departamento, destinados a contingencias.

    El segundo debate del Proyecto, a cargo de la Comisión de Plan de Desarrollo Económico y Social, se realizará el miércoles 25 de julio a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Asamblea Departamental.

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