Juzgado Sexto de Ejecución de Penas deberá resolver el recurso
Gobernadora Dilian Francisca Toro interpone incidente de desacato contra diputado Jonhy Acosta, por no rectificar publicaciones
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó formalmente el inicio de un incidente de desacato contra el diputado Jonhy Acosta, al considerar que este no cumplió la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-520 de 2025, que le exigía rectificar información falsa divulgada en redes sociales.
La solicitud fue presentada por su apoderada, la abogada Gloria Stella Ortiz Delgado, ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, despacho que asumió la competencia para exigir el cumplimiento del fallo.
Según el memorial radicado el 23 de diciembre de 2025, la Corte Constitucional ordenó al diputado rectificar, en un plazo máximo de 48 horas, publicaciones que contenían información considerada falsa y contraria a la realidad sobre la mandataria departamental.
La orden judicial, de acuerdo con el documento, buscó proteger los derechos fundamentales de Toro Torres frente a contenidos difundidos en el marco del debate político .
Persistencia en publicaciones
En la solicitud de desacato, la defensa de la gobernadora expuso que, pese a la claridad del fallo, el diputado Acosta continuó divulgando mensajes en redes sociales que, a su juicio, incumplen lo ordenado por la Corte y prolongan la afectación a los derechos de la accionante.
“La sentencia dejó en claro que la oposición política está protegida constitucionalmente, pero no se protege cuando se otorga información falaz, mentirosa o contraria a la realidad”, señaló Gloria Stella Ortiz Delgado en el escrito, al advertir que el diputado “sigue informando a sus seguidores en redes sociales en forma falaz y contraria a la realidad”, pese a existir una orden judicial en su contra.
El memorial también anexó material probatorio, entre ellos un video reciente, con el que se busca demostrar que el diputado mantuvo publicaciones y pronunciamientos que, según la apoderada, no se ajustan al contenido ni al alcance de la sentencia constitucional.
Debate sobre el alcance del fallo
El incidente de desacato se solicita en un contexto de controversia pública, luego de que el diputado Acosta afirmara en redes sociales que la Corte Constitucional no concluyó que hubiera ejercido violencia de género contra la mandataria y que el tribunal tampoco accedió a una solicitud para rectificar más de 130 publicaciones de control político.
Según la versión del asambleísta, el fallo solo le habría pedido aclarar dos publicaciones específicas.
Frente a esa interpretación, la defensa de la gobernadora sostuvo que dichas afirmaciones desconocen el sentido del fallo y refuerzan la revictimización, al presentar una lectura que, en su criterio, minimiza el alcance de la orden judicial.
La solicitud pide expresamente que el juzgado inicie el incidente de desacato para exigir el cumplimiento efectivo de la sentencia e impedir que continúe la difusión de información que no corresponde a la realidad, mientras se mantiene vigente la orden de rectificación impartida por la Corte Constitucional.
Un precedente en discusión
La apoderada de Dilian Francisca Toro subrayó que la sentencia T-520 de 2025 tiene un carácter histórico, al establecer criterios para diferenciar entre el control político legítimo y la difusión de información falsa que vulnera derechos fundamentales.
Además, el fallo se presenta como un punto de partida para la aplicación de la Ley 2453 de 2025, orientada a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en la política.
Ahora, la decisión queda en manos del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que deberá evaluar si existe un incumplimiento y si procede o no el incidente de desacato solicitado.