En audiencia de JEP
Exintegrantes de las Farc reconocen crímenes en Cauca y Valle
Durante una jornada en Cali, nueve exintegrantes de las antiguas Farc-EP enfrentaron públicamente su responsabilidad por crímenes cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, en el marco del Caso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
La audiencia, que abrió un nuevo capítulo en el esclarecimiento de la verdad del conflicto, reunió a víctimas, autoridades étnicas y representantes del tribunal transicional.
La jornada inició con una ceremonia de armonización dirigida por autoridades negras, indígenas y campesinas.
Frente a una mandala hecha de frutas y semillas –piñas, plátanos, cocos, naranjas y maíz– pidieron permiso a la naturaleza y encomendaron el desarrollo del encuentro, recordando que estaban allí para exigir paz, justicia y verdad.
El auditorio también fue adornado con fotografías de víctimas de homicidios, desapariciones forzadas y minas antipersonal.
Otra dimensión
Según la JEP, la investigación que llevó a estas imputaciones evidenció que el conflicto en esta subregión tuvo una profunda dimensión étnica y territorial.
La guerra alteró gobiernos propios, fracturó economías tradicionales e impactó gravemente territorios ancestrales, generando daños materiales, espirituales y comunitarios que persisten hasta hoy.
Los comparecientes, pertenecientes a las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, aceptaron responsabilidad por ataques a municipios, uso de minas antipersonal y afectaciones a los territorios.
En su intervención, el magistrado Raúl Sánchez explicó que la JEP identificó un patrón claro: las acciones armadas buscaban consolidar control territorial y social mediante tomas guerrilleras y ataques a la Fuerza Pública y a instituciones bancarias.
Entre 1993 y 2015 se registraron 288 confrontaciones en la zona, siendo Toribío el municipio más afectado, con 65 acciones bélicas; seguido de Corinto, con 60, y Caloto, con 56.
El año más crítico fue 2010, con 32 hechos documentados. Sánchez precisó que los años de mayor impacto para la población civil fueron entre 2002 y 2010, periodo marcado por muertes, lesiones graves y restricciones extremas a la movilidad.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes fueron algunas de las más golpeadas por estas dinámicas de violencia, que hoy siguen siendo objeto de esclarecimiento ante la justicia transicional.