Se requieren 36 mil millones de pesos para atender a los menores infractores

    jueves 11 de octubre, 2012

    La Gobernación del Valle del Cauca comprometida con la búsqueda de una solución al problema de hacinamiento que registran los centros de atención a los menores infractores, especialmente en el Buen Pastor y El Valle del Lilí, propone un plan que demanda 36 mil millones de pesos.

    El Gobierno Departamental viene trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Cali, se instaló una mesa para presentar un proyecto por 36 mil millones de pesos al OCAD Regional, para aumentar la capacidad en estos centros. De esos 36 mil millones, 24 mil millones serán solicitados a este órgano colegiado y los otros 12 mil serán cofinanciados por los entes comprometidos en el sistema de responsabilidad penal.

    El subsecretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, Freddy Omar Osorio aseveró que adicionalmente se viene trabajando en las mesas de salud y educación, según los compromisos acordados, para atender y solucionar los problemas que padecen los adolescentes en cuanto a salud y problemas psiquiátricos y atender la formación de los menores.

    Se realizó una citación conjunta del Secretario de Gobierno Departamental, Jorge Homero Giraldo y el director del Instituto de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo para adelantar una reunión este miércoles, en la Casa del virrey en Cartago, con los alcaldes de la zona.

    “Ellos (los alcaldes), son co- responsables con el sistema de responsabilidad penal y es una obligación de ley, en el tema de infancia y adolescencia, que se aporte para que estos centros de reclusión funcionen de la mejor manera”, destacó el subsecretario de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca.

    La Gobernación del Valle del Cauca seguirá adelantando las acciones necesarias para que los entes municipales se comprometan en la inversión de recursos que permitan la adecuada atención de los jóvenes en conflicto con la ley, según lo establece el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

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