Exconcejal Juan Martín Bravo dijo que el presidente quiere al Valle "pobre, arrodillado, pidiendo limosna"
Fuerte crítica al gobierno Petro frente al riesgo de cierre de la Zona Franca Palmaseca
El exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, rechazó de forma contundente la intención del Gobierno Nacional de dejar sin régimen franco especial a la Zona Franca de Palmaseca, una de las plataformas logísticas y de exportación más importantes del país y un pilar económico clave del Valle del Cauca.
Bravo señaló que la falta de un operador no es más que el reflejo de un proceso mal diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha generado incertidumbre jurídica, ha espantado a los inversionistas y ha puesto en jaque la estabilidad de miles de empleos en la región.
El exconcejal calificó esta situación como un nuevo golpe a la economía del Valle, y expresó su preocupación por lo que considera una estrategia deliberada del Gobierno Central para debilitar los motores productivos de la región.
A través de sus redes sociales, Bravo publicó el siguiente mensaje: “Petro no quiere al Valle del Cauca. Ahora, sin pudor alguno, intenta acabar con la Zona Franca Palmaseca, una de las más importantes del país y motor clave de exportaciones, inversión y empleo. Al Valle lo quiere pobre, arrodillado, pidiendo limosna. Un destino lamentable para una región que lo ha dado todo por Colombia.”
Bravo hizo un llamado urgente a los gremios, a los empresarios y a los líderes políticos del Valle a unirse en defensa de Palmaseca, señalando que las luchas se deben dar desde las instituciones, con firmeza, pero con responsabilidad, y no dejando que decisiones burocráticas destruyan décadas de progreso y desarrollo regional.
¿Qué pasa?
La Zona Franca Palmaseca, ubicada en el Valle del Cauca, es una de las áreas clave para la exportación y la generación de empleo en el suroccidente colombiano. Su futuro está en riesgo porque el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, exige condiciones de contrato que los empresarios consideran imposibles de cumplir, como subir el arriendo en un 700 % y otros costos anuales.
Por eso, nadie se presenta a administrar la zona franca y, si no se adjudica pronto, perdería su licencia de operación el 31 de julio.
Esto significaría cerrar una plataforma que hoy mueve millones de pesos y sostiene más de siete mil empleos, afectando directamente la economía local y regional.