Reconocimiento legal
Admiten tutela de Juan Martín Bravo que busca garantizar la seguridad y la movilidad en la vía Panamericana
El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por el exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo Castaño, que busca declarar la Vía Panamericana como sujeto de derechos.
La solicitud, dirigida contra varias entidades del Gobierno Nacional, argumenta que los bloqueos constantes generaron un impacto negativo en la economía, la salud y el libre tránsito de los ciudadanos.
Una vía clave para la economía del suroccidente
La Vía Panamericana conecta los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, permitiendo el transporte diario de aproximadamente 23.000 toneladas de carga.
Según Bravo, los bloqueos recurrentes en esta carretera ocasionaron pérdidas superiores a los 4.6 billones de pesos en 2024, afectando gravemente a las empresas y a miles de trabajadores de la región.
Cada día de bloqueo genera pérdidas estimadas en 15.000 millones de pesos, lo que impacta no solo el comercio sino también el acceso a bienes esenciales como medicamentos y alimentos.
La tutela busca que el Estado garantice la movilidad continua en esta vía estratégica para el desarrollo del suroccidente colombiano.
¿Qué implica declarar la Vía Panamericana como sujeto de derechos?
La acción de tutela presentada por Bravo sugiere que la Vía Panamericana debería ser reconocida como sujeto de derechos, lo que implicaría que el Estado tendría la responsabilidad de proteger su funcionamiento y evitar bloqueos que afecten a la población.
Esta figura legal ha sido aplicada en casos ambientales, como la protección del río Atrato, y podría ser una herramienta para garantizar la libre circulación en la región.
Las entidades demandadas y el proceso legal
El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, admitió la tutela bajo la ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
La demanda fue interpuesta contra el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Corte Constitucional.
Las entidades accionadas han sido notificadas y cuentan con dos días para responder a la demanda y ejercer su derecho de defensa.
Aunque la tutela fue admitida, aún falta el fallo definitivo del Consejo de Estado.
Bravo confía en que la decisión final favorecerá la protección de la Vía Panamericana y permitirá mejorar la economía regional, generar empleo y garantizar el libre tránsito en el suroccidente del país.