Cámaras en la escena del crimen
Capturan a cinco hombres armados tras homicidio en establecimiento de la Comuna 2
Un hombre de 31 años fue asesinado dentro de un establecimiento público en la Comuna 2 de Cali. De acuerdo con el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Andrés Arias, la víctima fue abordada por varios sujetos justo al llegar al lugar.
Este hecho desencadenó una rápida reacción por parte de las autoridades, gracias a una llamada recibida en la línea de emergencias 123.
Tras el reporte, unidades de la Policía llegaron al sitio y lograron la captura de cinco hombres que portaban cuatro armas de fuego: tres revólveres y una pistola. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Las autoridades confirmaron que los capturados presentan un total de 11 anotaciones judiciales. Los delitos incluyen homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
El coronel Arias explicó que este material probatorio está siendo analizado por la Fiscalía y la Policía Judicial como parte del proceso investigativo.
Se investigan los móviles del crimen
Una de las versiones que manejan los investigadores sugiere que la víctima habría sido confrontada por una deuda económica.
Según esta información, dentro del establecimiento, los agresores lo obligaron a hablar por teléfono con una persona que presuntamente ordenó el ataque.
Este posible desencadenante del homicidio habría quedado registrado en cámaras de seguridad del local.
No obstante, el coronel Arias precisó que esta versión hace parte de las líneas de investigación abiertas y que será la Fiscalía la encargada de determinar el móvil del crimen.
Al ser consultado sobre si la víctima tendría vínculos con el narcotráfico, el oficial indicó que no se puede confirmar ni descartar, ya que los hechos aún están en verificación.
La Policía reiteró que todos los elementos recolectados, incluidas las grabaciones de seguridad, se encuentran en poder de las autoridades competentes. El objetivo es esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.
Según datos del Observatorio de Seguridad, entre el 1 y el 25 de enero del 2026 se registraron 77 homicidios.
Esta cifra representa una reducción de tres casos respecto al mismo periodo de 2025.
2025: crisis de seguridad
Frente al panorama actual, los concejales insistieron en la necesidad de revisar las políticas públicas en materia de seguridad que se ejecutan en la ciudad.
Consideran que el enfoque debe ser integral, no solo represivo, y debe incluir intervenciones sociales en zonas con mayor concentración de homicidios, especialmente en el oriente de Cali, donde persisten condiciones de vulnerabilidad y presencia de grupos ilegales.
Durante 2025, Cali cerró con un total de 1.061 homicidios, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional y que mantiene a la capital del Valle como una de las ciudades más violentas del país.
Esta cantidad representa una tasa de 47,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 23,49%, y supera los indicadores registrados en Bogotá y Medellín.
De ese total, el 39,5% de las víctimas estaban entre los 18 y los 28 años, lo que revela una alta vulnerabilidad entre la población joven.
Además, alertaron sobre el impacto de fenómenos como el microtráfico, el reclutamiento de menores y la circulación de panfletos amenazantes contra la fuerza pública.
Según los concejales, estas situaciones evidencian una pérdida de control institucional en algunos sectores, por lo que urgen medidas inmediatas como patrullajes focalizados, mayor pie de fuerza y articulación entre las autoridades locales y nacionales.
También se mencionó la importancia de fortalecer los sistemas de información y monitoreo del crimen.
Desde el Concejo se planteó que Cali requiere una red de inteligencia operativa más robusta, que permita anticiparse a hechos violentos y desarticular estructuras delictivas mediante investigaciones coordinadas entre la Fiscalía, la Policía y la administración municipal.
Los concejales hicieron un llamado a abrir un debate amplio que incluya a todos los actores institucionales y sociales.
Insisten en que no se trata solo de cambiar funcionarios, sino de repensar la estrategia de seguridad de la ciudad con base en datos, participación ciudadana y una visión de largo plazo que permita reducir de manera sostenida los índices de violencia.