La ciudad tiene un rezago de 20 años en la materia
Voceros de control social piden a la Procuraduría claridad sobre investigación que podría frenar la modernización del alumbrado en Cali
Un grupo de voceros de control social de los servicios públicos domiciliarios de Cali elevó un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación para que se aclare si las actuaciones disciplinarias en curso contra directivos de Emcali afectan o no la continuidad del proceso de modernización del alumbrado público en la ciudad.
La solicitud se presentó en medio de la expectativa ciudadana por un proyecto que arrastra más de dos décadas de rezagos y que hoy avanza en su ejecución.
El documento, radicado el 17 de diciembre de 2025 ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali, surge tras un comunicado público de ese organismo, fechado el 27 de noviembre, en el que se informó sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra el gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en un proceso contractual relacionado con la optimización del sistema de alumbrado público en la capital del Valle .
Los voceros expresaron su preocupación porque, hasta ahora, la Procuraduría no precisó si el ejercicio del poder preferente y la investigación disciplinaria implican la suspensión total o parcial de los procesos de modernización que se encuentran en marcha, ni el alcance concreto de eventuales medidas frente a la ejecución de los contratos asociados al proyecto.
Temor a una parálisis de las obras
En el escrito, los representantes de los usuarios recordaron que la modernización del alumbrado público fue una exigencia histórica de la ciudadanía durante al menos los últimos veinte años, debido al deterioro del sistema y su impacto en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida en múltiples comunas de Cali.
Señalaron que, según información socializada por Emcali, el proceso registra avances cercanos al 30 %, lo que constituye un primer paso para saldar una deuda histórica con los usuarios del servicio.
Precisamente por ese avance, los firmantes manifestaron su inquietud frente a la posibilidad de que las actuaciones disciplinarias sean interpretadas, aplicadas o instrumentalizadas como una orden de suspensión o parálisis general del proyecto, lo que afectaría directamente a las comunidades que representan.
En el documento subrayaron que el comunicado oficial de la Procuraduría no establece de manera expresa si la investigación conlleva la detención de las obras ni define el alcance de las medidas frente a los contratos en ejecución.
Ante ese escenario, los voceros solicitaron que la Procuraduría aclare de forma expresa si la investigación disciplinaria relacionada con el contrato 900-IPU-0148-2024 implica, a la fecha, la suspensión total, parcial o la continuidad de los procesos de modernización del alumbrado público que se desarrollan en Cali.
Preguntas clave al órgano de control
El derecho de petición plantea, además, que en caso de existir una decisión formal que ordene la suspensión, modificación o restricción de la ejecución del contrato, se informe con detalle la naturaleza jurídica de esa decisión, la autoridad que la emitió, la fecha, el alcance concreto frente a las obras y si dichas medidas se extienden a otros contratos o procesos distintos al mencionado.
De igual forma, los voceros pidieron que, si no existe una orden de suspensión, la Procuraduría se pronuncie expresamente sobre la compatibilidad de las actuaciones disciplinarias con la continuidad de los procesos de modernización, siempre que se garantice el cumplimiento estricto de las normas de contratación estatal y los principios de transparencia y legalidad.
Otro punto central de la solicitud se relaciona con los mecanismos de coordinación o comunicación entre la Procuraduría, la Alcaldía de Cali y Emcali, para evitar que el control disciplinario derive en una afectación desproporcionada de los derechos de los usuarios, especialmente en barrios que han esperado por más de veinte años la renovación del alumbrado público.
Finalmente, los firmantes preguntaron si la Procuraduría considera pertinente la participación formal de los voceros de control social en espacios de información o socialización sobre el avance de la investigación disciplinaria y su impacto en la prestación del servicio, en atención al rol que la ley les asigna como representantes de los usuarios.
La petición fue suscrita por voceros de distintas comunas de Cali y del municipio de Yumbo, quienes solicitaron que la respuesta sea remitida al correo oficial del colectivo.
El pronunciamiento que emita la Procuraduría será clave para despejar la incertidumbre sobre el futuro inmediato de uno de los proyectos de infraestructura urbana más sensibles para la ciudad.