Personero de Cali solicitó a la Fiscalía investigar presunta violencia en un centro de rehabilitación

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, realizó una visita a un centro de rehabilitación en el barrio Terrón Colorado, en respuesta a las denuncias de supuesta tortura y maltrato por parte de los pacientes.

Subrayó la necesidad de que la Fiscalía esclarezca estos presuntos hechos de violencia y garantice la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en el lugar.

Durante el recorrido por las instalaciones de este lugar, Mendoza estuvo acompañado por miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios de la Personería.

Al concluir la visita, el personero expresó su profunda preocupación por las condiciones del sitio, comparándolo con una cárcel y destacando el estado de zozobra y miedo que predominaba entre los internos.

Denuncia presentada

El personero describió el centro de rehabilitación como un sitio con condiciones infrahumanas e indignantes, que violaban la dignidad de las 65 personas que allí buscaban ayuda.

La denuncia presentada por la Personería de Cali fue formalizada, contando con un número de radicación y un fiscal asignado al caso.

Mendoza enfatizó la urgencia de una intervención judicial para investigar y aclarar los hechos denunciados, citando la existencia de evidencias sólidas de maltrato y tortura.

Además, Mendoza criticó la inacción del representante legal del centro, quien, según el personero, no respondió a las acusaciones ni estuvo disponible para comunicación.

Este silencio y falta de colaboración fueron interpretados como una evasión de responsabilidad ante los hechos denunciados.

La Policía Metropolitana de Cali había cerrado temporalmente el centro por diez días, sin embargo, Mendoza solicitó la clausura total del lugar, amparándose en las facultades que le otorga la normativa vigente a la inspección de Policía.

La visita del personero y su equipo se enmarca en una serie de acciones destinadas a proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Mendoza reafirmó su compromiso de no permitir el funcionamiento de espacios que atenten contra la dignidad y los derechos humanos.

El personero destacó que la situación no solo afecta a los internos, sino que también representa un problema de salud pública y de derechos humanos que requiere una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes.

Mendoza también se refirió a la Ley 1801 de 2016, que establece que en situaciones como esta, es necesario cerrar los establecimientos para evitar la alteración, manipulación y ocultamiento de material probatorio.

La Personería de Cali afirmó que continuará monitoreando la situación y colaborando con la Fiscalía para asegurar que se tomen las medidas necesarias para proteger a las víctimas y garantizar el respeto de sus derechos.

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