Debate en el Concejo por seguridad
Protocolo para protestas en Cali define reglas para marchas y acciones contra desmanes en la ciudad
El anuncio de un protocolo para protestas en Cali se dio en medio de un debate de control político en el Concejo, donde los cabildantes centraron sus cuestionamientos en la situación de seguridad y el aumento de la violencia en la ciudad.
En esta nueva sesión plantearon que Cali enfrenta una problemática estructural relacionada con el multicrimen, el narcotráfico y la falta de articulación entre autoridades locales, regionales y nacionales, lo que dificulta el control del territorio y el manejo de las protestas ciudadanas.
Además, insistieron en que la prioridad debe enfocarse en frenar los homicidios, identificar las causas de la violencia en los barrios y fortalecer tanto la inversión en seguridad como los programas sociales, especialmente para evitar que jóvenes sigan siendo víctimas de estos fenómenos.
En respuesta a este panorama, el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés Mosquera, presentó el protocolo para protestas en Cali, como una medida para prevenir desmanes y proteger la infraestructura pública durante manifestaciones.
Medidas para garantizar protestas pacíficas
El funcionario explicó que el protocolo establece lineamientos claros para diferenciar entre protestas pacíficas y actos violentos, con el fin de actuar de manera oportuna cuando se presenten situaciones que pongan en riesgo el orden público.
Según indicó, una de las principales disposiciones consiste en no permitir ataques contra activos estratégicos ni bienes del Estado, especialmente ante antecedentes de daños a estaciones del sistema de transporte masivo.
Asimismo, señaló que se garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero con un esquema que permita la intervención inmediata de la fuerza pública en caso de vandalismo o afectaciones al mobiliario urbano.
En esa línea, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, reiteró que la protesta tiene respaldo constitucional, aunque advirtió que los actos violentos no hacen parte de ese derecho, por lo que deben ser controlados con acciones institucionales.
Reclamos por seguridad y articulación institucional
Durante el debate, los concejales también expusieron preocupaciones sobre la falta de coordinación entre entidades y la necesidad de una estrategia integral que permita resultados sostenibles en materia de seguridad.
El concejal Fabio Arroyave cuestionó la corresponsabilidad del Gobierno Nacional en la crisis y pidió claridad sobre los recursos destinados al territorio, mientras que Edison Giraldo advirtió sobre la presencia de grupos armados y solicitó cifras sobre reclutamiento de menores.
Por su parte, Carlos Ariel Patiño insistió en que la seguridad no mejora con acciones aisladas, sino con una articulación efectiva de todas las dependencias del Distrito, acompañada de control territorial y prevención social del delito.
De igual forma, la concejal Tania Fernández pidió información sobre las decisiones adoptadas tras recientes movilizaciones, y Sergio Zamora solicitó respuesta a denuncias ambientales en zona rural.
Frente a estos cuestionamientos, Garcés Mosquera defendió que la estrategia de seguridad se basa en datos, tecnología y prevención, y recordó que la ciudad cuenta con una política pública proyectada a diez años, articulada con el Plan de Desarrollo.
Finalmente, reiteró que el protocolo para protestas en Cali hace parte de un enfoque integral que busca garantizar el orden público, proteger los bienes comunes y responder a las dinámicas de seguridad que enfrenta la ciudad.