Contratos, advertencias y una decisión aplazada
Tramo III del MIO: las controversias que rodean al nuevo contrato del transporte masivo en Cali
El contrato del tramo III de la troncal oriental del sistema MIO fue el centro de un debate de control político en el Concejo de Cali.
Citado por los concejales Ana Erazo, María del Carmen Londoño y Andrés Escobar González, el debate buscó revisar las decisiones de Metrocali frente a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato a Proingeco 2024.
Los concejales expusieron su preocupación por la omisión de alertas emitidas por la Contraloría y la Personería de Cali, relacionadas con documentos cuestionados por el consorcio adjudicatario.
Según Erazo Ruiz, el proceso debió haberse suspendido tras los informes enviados a la Procuraduría y la Fiscalía.
En total, están en juego 132 mil millones de pesos.
Además, Rafael Escobar señaló que la Fiduciaria Bancolombia desmintió haber emitido una de las certificaciones presentadas por Proingeco.
También cuestionó el posible conflicto de interés de Sandra Lorena Álvarez Castellón, secretaria general de Metrocali, quien fue accionista de una empresa del consorcio.
Esta situación generó dudas sobre la transparencia del proceso.
Metrocali responde y aplaza el inicio del contrato
Frente a las acusaciones, Álvaro José Rengifo, presidente de Metrocali, afirmó que el proceso fue legal y que se usaron pliegos tipo del sistema de compras públicas.
Indicó que los documentos se publicaron en octubre de 2024 como parte de una armonización con el tren de cercanías, liderada junto al Ministerio de Transporte.
Rengifo explicó que las advertencias de los entes de control llegaron después de la adjudicación.
Además, aseguró que la certificación cuestionada no era determinante, pues había otras que acreditaban al consorcio.
Insistió en que no existía una inhabilidad técnica ni jurídica para continuar.
Ante las nuevas comunicaciones recibidas por Metrocali, incluyendo una carta oficial de la Fiduciaria Bancolombia, se decidió aplazar la firma del acta de inicio del contrato.
Rengifo recalcó que hasta la fecha no se entregó anticipo alguno y que la prioridad sigue siendo la defensa del patrimonio público.
Durante la sesión, la concejal María del Carmen Londoño insistió en que Metrocali debió reemplazar al comité evaluador y que existen motivos suficientes para investigar delitos como falsedad documental y fraude procesal.
También presentó un documento en el que la Personería solicitó suspender la adjudicación.
El presidente del Concejo, Edison Lucumí, afirmó que ahora corresponde a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría avanzar con las investigaciones.
Por su parte, el concejal Juan Felipe Murgueitio consideró que, ante la falta de certeza sobre la legalidad de los documentos, lo mejor era continuar con el proceso mientras se protegen los recursos públicos.