Aspectos relevantes de la ley de víctimas en Colombia

Por Dyuri Tatiana Arias
Diana Carolina Galindo
Katerín Melissa Gómez
Consultorio Jurídico
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

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La ley 1448 del 2011, la cual se conoce como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es un medio por el cual el Estado colombiano se compromete a tratar de remediar de forma integral el daño causado por esta guerra tan extensa que ha vivido el país a las víctimas de desplazamiento, despojo o abandono, en razón del conflicto armado interno.

Con esta ley se busca restaurar los derechos y dignidades de las cuales fueron despojados. Lo anterior, por medio de una materialización real y concreta de sus derechos, los cuales incluyen una adecuada asistencia brindada por parte del Estado.

Aspecto legal

El conflicto armado en Colombia, que se ha prolongado por más de 50 años, ha causado una guerra armada interna que ha tenido repercusiones, especialmente en la zona rural.

La época de los 90’s fue el tiempo cuando los secuestros, desplazamientos forzados, reclutamientos ilegales, masacres, violaciones, y un sinfín de vulneraciones a todos los derechos de las personas, tuvieron mayor alcance.

Por medio de la ley 1148 de 2011, el Estado abrió el camino para garantizar de esta manera los derechos individuales de las personas que estén sujetas a esta protección, como por ejemplo a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con orientación sexual diversa, adultos mayores, ciudadanos con limitaciones físicas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, personas pertenecientes a grupos étnicos y afrocolombianos.

Dicha ley permitió también que el Estado creará métodos para proteger, escuchar y reparar integralmente a las víctimas del conflicto por primera vez en el país.

Esta reparación no es únicamente monetaria, sino que es el compromiso de acompañamiento por parte del Estado en cuanto a educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros.

Además de la obligación de reintegrar a cada uno su dignidad y crear las condiciones para la no repetición, siendo también objeto de esta protección sujetos que han sido víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Reconociendo así aspectos contemplados por esta ley para que las víctimas puedan ejercer sus derechos.

Marco normativo

Este aspecto se puede dividir en tres categorías: la ley principal, los decretos ley y reglamentarios que se derivan de esta.

Como se mencionó anteriormente, la base de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la ley 1448 de 2011, que en síntesis, “dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”

La segunda categoría la conforma el decreto ley 4633 de 2011 que tiene el mismo objetivo de la ley principal, pero va dirigido a los grupos étnicos que se vieron afectados por el conflicto armado. Tales grupos los integran las comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La tercera categoría está conformada por los decretos reglamentarios que se subdividen en cuatro.

1. Decreto 4634 de 2011 que busca el mismo objetivo de la ley principal, pero dirigido a la población Rom o Gitano.
2. Decreto 4800 de 2011, el cual reglamenta la ley 1448.
3. Decreto 4829 de 2011, “por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras”.
4. Decreto 0790 de 2012, “por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (Snaipd) al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (Cnaipd) al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

Aspecto jurisprudencial

Aquí se puede evidenciar que la ley busca establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, donde se aplique una justicia transicional que garantice goce de sus derechos y como ejemplo lo podemos ver en la sentencia U 254 – 2013

Aspecto práctico

La puesta en práctica de la ley es la reparación integral de todas las víctimas, pero al llevarlo a la práctica el panorama es desalentador debido a que no se puede garantizar la verdad y que no se repitan los hechos, teniendo en cuenta que nuestro país aún vive en conflicto.

No se debe olvidar que el principal propósito es que las víctimas tengan plena seguridad al momento de exigir la reparación y acceso a estos beneficios.

Foto Pixabay

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