Innovación empresarial en la responsabilidad de los administradores

Por: Diana Paola Serrano, Asociada en Holland & Knight

En el panorama del derecho societario colombiano, los recientes avances legislativos en materia de responsabilidad de los administradores representan un hito fundamental que merece reconocimiento. Estos cambios no solo promueven la asunción de riesgos razonables, sino que también generan incentivos claros para la innovación empresarial y la creación de riqueza.

Al adoptar un enfoque que protege las decisiones de los administradores tomadas de buena fe y en el mejor interés de la sociedad, el legislador ha sentado las bases para un entorno más equilibrado y justo.

En Colombia, el código civil no extendió al ámbito societario la clasificación tripartita de las culpas consagrada en su artículo 63.

En su lugar, se optó por un régimen específico que introduce el estándar del “buen hombre de negocios”, que evalúa la gestión de los administradores no por el éxito o fracaso de sus decisiones, sino por haber actuado con la diligencia y precaución razonables en el contexto de cada caso particular.

Este enfoque permite deslindar el deber de cuidado de los resultados obtenidos, generando un marco más realista y menos punitivo.

La deferencia al criterio empresarial y su impacto en la toma de decisiones

Con la evolución del derecho corporativo colombiano, el legislador finalmente adoptó un concepto más avanzado y dinámico que se venía desarrollando principalmente a nivel jurisprudencial por la Superintendencia de Sociedades: la deferencia al criterio empresarial, también conocida como “business judgment rule”.

Este principio, inspirado en la jurisprudencia anglosajona y adaptado al derecho continental europeo, garantiza que las decisiones tomadas de buena fe, con información suficiente y en el mejor interés de la sociedad, sean protegidas de la intervención judicial o administrativa.

En palabras de la Corte Suprema de Justicia, este estándar respeta las decisiones estratégicas de los administradores siempre que se cumplan estas condiciones y no se evidencien actuaciones dolosas, negligentes o violatorias de la ley o los estatutos.

La implementación de la regla de discrecionalidad empresarial ofrece beneficios tangibles tanto para las sociedades como para el entorno económico en general.

En primer lugar, fomenta la asunción razonada de riesgos.

Al limitar la responsabilidad de los administradores a situaciones de mala fe, negligencia grave o incumplimiento manifiesto, se crean condiciones que promueven la innovación y la exploración de nuevas oportunidades de negocio.

Esta visión incentiva a los administradores a pensar de manera estratégica y a buscar soluciones creativas que beneficien a las empresas y a sus grupos de interés.

En segundo lugar, la regla reduce la intervención judicial en las decisiones corporativas.

Este principio limita la posibilidad de que jueces o autoridades administrativas cuestionen decisiones de negocio ex post, otorgando mayor seguridad jurídica a los administradores, cuando estos actúen de buena fe y en cumplimiento de los deberes de lealtad y diligencia.

Esto, a su vez, evita el uso inadecuado del sistema judicial para presionar o intimidar a quienes ocupan posiciones de liderazgo en las empresas.

También cabe resaltar que este esquema contribuye a la atracción de talento directivo.

La claridad y protección brindadas por este régimen fortalecen la confianza de los profesionales en asumir roles administrativos, contribuyendo al desarrollo de una dirección corporativa más calificada.

Los mejores ejecutivos buscan entornos donde puedan ejercer su juicio y experiencia sin temor a represalias, y este modelo jurídico facilita dichas condiciones.

Además, este enfoque estimula el desarrollo económico. Un marco que reconoce y respalda las decisiones informadas y de buena fe de los administradores se traduce en mayor dinamismo empresarial, generación de empleo y crecimiento del tejido productivo.

La capacidad de las empresas para asumir riesgos calculados sin temor a una responsabilidad excesiva es crucial para fomentar un ecosistema empresarial competitivo y próspero.

Sin embargo, también es importante enfatizar que cuando un administrador actúa mal, ya sea con dolo, negligencia grave, violación de la ley o de los estatutos, o en conflicto de intereses, sus actuaciones deben ser objeto de análisis judicial.

El equilibrio radica en distinguir claramente entre decisiones de negocio tomadas de buena fe y aquellas que vulneran los principios básicos de diligencia y lealtad.

La aplicación rigurosa de sanciones en estos casos no solo protege a las sociedades, sino que también refuerza la confianza en el sistema corporativo y su integridad.

Hacia un modelo empresarial más audaz y seguro

El avance hacia la deferencia al criterio empresarial constituye un paso fundamental para equilibrar la responsabilidad de los administradores con la necesidad de incentivar la toma de decisiones audaces.

Sin este enfoque, los administradores enfrentarían un dilema paralizante: el retorno de una inversión riesgosa beneficiaría principalmente a la compañía, mientras que cualquier pérdida sería imputada directamente a ellos.

Esto no solo desincentivaría la innovación, sino que podría generar una cultura corporativa basada en la aversión al riesgo, con consecuencias negativas para la economía en su conjunto.

En este sentido, Colombia está avanzando hacia un derecho societario más moderno y adaptado a las necesidades del entorno global.

El reciente proyecto de ley presentado en diciembre de 2024 es un ejemplo destacado de este esfuerzo continuo por modernizar el derecho societario en el país.

Esta iniciativa aborda temas de gran relevancia, como la responsabilidad de los comerciantes, la protección efectiva de los derechos de los minoritarios, la digitalización de los procesos de registro y matrícula mercantil, el fortalecimiento del arbitraje societario y la creación de la figura de la SAS insular, entre otros avances que reflejan una visión progresista y acorde con los retos actuales.

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