Defensoría urge acciones ante paro armado en Chocó

Un llamado al gobierno nacional para que atienda las alertas tempranas hizo la Defensoría del Pueblo y tome acciones urgentes para comunidades confinadas en Chocó debido al paro armado indefinido que adelanta esta semana el ELN en esa región.

Así mismo, la entidad hizo un llamado a todos los actores para que sean respetados los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.

Según informó la Defensoría, los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado.

Además, indicó que esto agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan.

La Defensoría agregó que “es necesario que las instituciones estatales, de manera coordinada, adelanten acciones urgentes de prevención y protección, todas orientadas a la garantía de los derechos fundamentales de la población civil en situación de riesgo o afectada”.

Por eso recomendó que es oportuno que atiendan las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas emitidas para la subregión del San Juan, actualizadas con informes de seguimiento, máxime que durante el 2023 hubo seis paros armados en el departamento, más dos que ya son registrados en este 2024.

La Defensoría del Pueblo indicó que viene realizando acompañamiento a las comunidades étnicas y seguimiento a la situación humanitaria a través de los profesionales en terreno de su Regional Chocó.

De igual forma, recordó que en prevención temprana, desde julio pasado realizó requerimientos a entidades competentes, en los que solicitó la implementación inmediata de medidas perentorias de prevención y protección.

Confinados

La entidad anunció que dicho paro tiene confinadas a alrededor de 45 mil personas en ese departamento, es decir 85 comunidades afro e indígenas, las que están en situación de confinamiento; 7500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria.

Además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá, indicó la Defensoría.

El anuncio del paro afecta también a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito en Sipí, Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia en Medio San Juan, Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma en Istmina, Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.

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