El sistema de salud enfrenta desabastecimiento y falta de recursos para enfermedades catastróficas

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, lanzó una contundente alerta sobre la profunda crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia.

Según la funcionaria, millones de pacientes están viendo vulnerados sus derechos fundamentales debido a fallas estructurales y falta de acciones concretas por parte del Gobierno.

“La situación es insostenible. Esta crisis afecta de manera directa a quienes más necesitan atención, y el tiempo no juega a nuestro favor”, afirmó la Procuradora.

Escasez de medicamentos y barreras de acceso

Uno de los puntos más críticos señalados por la Procuradora fue el desabastecimiento de medicamentos, problema que se intensifica desde 2022.

Enfermedades como el cáncer y el VIH, así como algunas condiciones crónicas, son las más afectadas.

Los pacientes enfrentan barreras que complican el acceso a tratamientos vitales.

“La falta de pago de presupuestos máximos y la insuficiencia de la UPC tienen un impacto directo en los procesos de adquisición y provisión de medicamentos”, explicó Cabello.

Además, criticó la falta de respuestas efectivas por parte del Ministerio de Salud y el Invima, entidades responsables de garantizar la política farmacéutica.

Aseguró que la ausencia de medidas ha profundizado las desigualdades y ha puesto en peligro la vida de millones de personas.

La Procuraduría exige soluciones inmediatas

Desde la Procuraduría General de la Nación, se están adelantando investigaciones para establecer responsabilidades y exigir acciones que prioricen el bienestar de los pacientes.

Margarita Cabello fue enfática al afirmar que no se quedará en silencio frente a esta problemática:

“Estamos hablando de vidas humanas. No hay tiempo para demoras. Es inadmisible que los más vulnerables tengan que esperar por soluciones que debieron llegar hace mucho tiempo”.

Cabello también hizo un llamado al Gobierno para que incluya este tema en la agenda nacional como una prioridad inaplazable.

En su opinión, no se trata solo de un problema técnico o financiero, sino de garantizar un derecho fundamental que está siendo vulnerado a gran escala.

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