Gobierno insiste en la consulta popular

Luego de que el Senado negó la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro, los ministros del Interior, Trabajo y Salud —Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo— presentaron un nuevo texto, esta vez con cuatro preguntas adicionales centradas en el sistema de salud, para un total de 16 propuestas que buscan ser sometidas a votación ciudadana.

El documento fue radicado ante la Secretaría del Congreso como parte de un nuevo intento del Ejecutivo por impulsar, mediante mecanismos de participación directa, una agenda de reformas estructurales en temas laborales, pensionales y sanitarios.

Del Congreso a las urnas: el gobierno insiste en el camino plebiscitario

La consulta popular, amparada por la Constitución como herramienta de democracia participativa, busca que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre medidas de alto impacto que no han logrado avanzar en el trámite legislativo.

“Ya no serán 12 veces sí, sino 16 veces sí”, afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al justificar la ampliación del texto.

Según el gobierno, las preguntas apuntan a corregir desigualdades estructurales en el acceso al empleo digno, la seguridad social y la salud.

Los funcionarios reiteraron que esta reforma recoge luchas históricas del movimiento obrero y responde a realidades emergentes como el trabajo digital y el rezago pensional en el campo.

Reforma laboral: contratos, recargos y protección al trabajo informal

Las primeras preguntas giran en torno a la regulación del trabajo formal e informal.

El gobierno propone limitar la jornada diurna a 8 horas entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., con recargos del 75 % para horas nocturnas.

También plantea que trabajar domingos y festivos se remunere con un recargo del 100 %.

Estas medidas, según el Ministerio del Trabajo, buscan dignificar el trabajo y alinearse con estándares de la OIT.

Otras preguntas incluyen: hacer del contrato a término indefinido la regla general, prohibir la tercerización laboral mediante contratos sindicales, formalizar sectores históricamente precarizados como el trabajo doméstico, artístico y deportivo, y obligar a las empresas a contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados.

Incentivos para MiPymes y contratación de aprendices

El nuevo texto también incluye incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas, priorizando modelos asociativos como cooperativas o empresas comunitarias, y facilitando el acceso a crédito con bajas tasas de interés.

Se propone además transformar el contrato de aprendizaje en una relación laboral formal, especialmente para jóvenes del SENA y de instituciones técnicas.

La salud como eje central del nuevo documento

Cuatro preguntas adicionales, que no figuraban en la versión anterior, abordan aspectos clave del sistema de salud.

Entre ellas: garantizar la compra y producción pública de medicamentos esenciales, transformar a las EPS en gestoras de salud (no intermediarias financieras), establecer un modelo preventivo de atención primaria, y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector salud.

Estas propuestas se suman a un eje rural, que incluye un régimen laboral especial para campesinos y la creación de un fondo que financie un bono pensional rural para quienes no han accedido al sistema contributivo.

Un nuevo intento, aún con camino incierto

Aunque el gobierno asegura que esta propuesta recoge el sentir popular expresado en cabildos abiertos y movilizaciones sociales, su trámite legislativo y eventual aprobación por parte de la Corte Constitucional siguen siendo inciertos.

La iniciativa ya enfrenta críticas de sectores empresariales y políticos que consideran riesgoso utilizar consultas para decisiones estructurales que deben pasar por el Congreso.

La nueva propuesta de consulta popular del gobierno busca volver a poner en manos de la ciudadanía el rumbo de reformas laborales y sanitarias que no avanzaron en el Legislativo.

El debate político y jurídico continúa abierto.

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