Indignación por macabro asesinato de una perrita en estado de embarazo

El país entero está conmocionados por el brutal asesinato de una perrita en estado de embarazo, un hecho que no solo evidencia la crueldad de algunos individuos, sino también la urgencia de fortalecer la aplicación de las leyes contra el maltrato animal en Colombia.

El caso ocurrió esta semana en la ciudad de  Santa Marta, cuando ciudadanos encontraron un paquete sospechoso envuelto en una bolsa negra de basura.

Al abrirla, descubrieron el cadáver de la perrita, que presentaba signos de avanzado estado de gestación. Cerca del cuerpo, hallaron objetos que apuntan a un presunto abuso sexual, incluyendo preservativos con fluidos corporales.

Pese a la rápida reacción de las personas que intentaron salvar a los cachorros que aún mostraban signos de vida, ninguno logró sobrevivir.

El suceso generó una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad local, con mensajes que exigen justicia y castigo ejemplar para el responsable o responsables.

Organizaciones defensoras de animales, como la Fundación para la Protección Animal de Colombia, recordaron que en el país está vigente la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales para quienes les causen daño.

Esta ley contempla penas de 12 a 36 meses de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para casos de maltrato grave.

Asimismo, el Código Penal colombiano tipifica como delito el abuso sexual contra animales, con sanciones adicionales.

Expertos en derecho animal han reiterado que, aunque las leyes existen, su cumplimiento sigue siendo limitado debido a la falta de denuncias formales, la escasa capacitación de las autoridades y los vacíos en la investigación judicial.

La abogada especialista en derecho ambiental, María Fernanda Paredes, advirtió a un medio nacional que “sin una voluntad real de aplicar la ley y sin un trabajo articulado entre ciudadanía y autoridades, casos como este seguirán ocurriendo”.

El caso ya estaría en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras tanto organizaciones animalistas continúan exigiendo que este hecho no quede en la impunidad y que se refuercen las políticas de prevención y sanción del maltrato animal.

Este crimen ha dejado al descubierto la urgencia de cambiar la cultura de indiferencia frente al sufrimiento animal y de garantizar que la justicia actúe con contundencia para proteger a quienes no tienen voz.

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