Nuevo escándalo de corrupción: Fiscalía pide investigar a 28 congresistas por presunta participación en irregularidad en contratos de Invias

El Instituto Nacional de Vías, Invías, está en el centro de un nuevo escándalo de corrupción que involucra presuntamente a congresistas de distintos partidos políticos.

La Fiscalía General de la Nación envió a la Corte Suprema de Justicia una solicitud formal para investigar a 28 legisladores por su supuesta participación en irregularidades en la adjudicación de contratos de infraestructura vial.

La investigación tomó fuerza tras la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien señaló posibles maniobras ilícitas en la contratación dentro de Invías.

La lista de los investigados y el impacto político

El escándalo salpica tanto a senadores como a representantes a la Cámara.

Entre los implicados se encuentran figuras como Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda y Juan Pablo Gallo en el Senado, así como Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda y Wadith Manzur en la Cámara de Representantes.

Este caso generó gran revuelo en el ámbito político.

Mientras algunos de los mencionados negaron cualquier vínculo con la corrupción, otro expresaron su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para profundizar en la investigación.

Este escándalo fue comparado con el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, otro caso reciente que destapó un entramado de corrupción en la contratación pública.

No obstante, las autoridades consideran que las irregularidades en Invías podrían tener un impacto aún mayor en la política nacional.

Próximos pasos en la investigación

La Corte Suprema de Justicia recibió la compulsa de copias y deberá asignar a un magistrado ponente para evaluar la información entregada por la Fiscalía.

Este paso es fundamental para definir si se abre una investigación formal contra los congresistas señalados.

De confirmarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones que van desde la pérdida de investidura hasta procesos penales.

Este caso podría redefinir la lucha contra la corrupción en el país, al tratarse de una de las investigaciones más amplias en la historia reciente del Congreso.

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