Ola de ataques terroristas en el suroccidente de Colombia deja en estado de emergencia institucional y humanitaria

Un consejo de seguridad extraordinario marcó la primera respuesta institucional a los atentados terroristas que sacudieron el suroccidente colombiano el 10 de junio.

La jornada dejó siete muertos, más de 40 heridos, y graves afectaciones en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

Los ataques, atribuidos a las disidencias de las Farc, incluyeron explosivos, hostigamientos armados, atentados fallidos y sabotajes en vías estratégicas.

La cúpula de la Policía Nacional, el Ejército, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali encabezaron la sesión, que se desarrolló en medio de un clima de tensión y zozobra.

En ella, se definieron medidas de contención, refuerzo de seguridad y atención a las víctimas.

Aunque inicialmente se especuló sobre la cancelación de su viaje, el presidente Petro confirmó su visita a Cali este 11 de junio, en el marco de una movilización convocada por su gobierno.

Tanto la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitaron que el mandatario aproveche su estancia en la ciudad para liderar un nuevo consejo de seguridad.

La petición busca una respuesta institucional más fuerte, que articule fuerzas locales y nacionales ante la ofensiva armada de los grupos ilegales.

Ola de atentados

La ciudad de Cali fue epicentro de los ataques.

Una motocicleta bomba explotó frente a la estación de policía del barrio Meléndez, provocando la muerte de un adulto mayor y dejando gravemente herida a una niña de cinco años.

Minutos después, detonaciones similares se registraron en Manuela Beltrán y en Los Mangos, donde murió otra persona.

Las autoridades reportaron un total de 43 heridos solo en Cali.

La Alcaldía decretó alerta amarilla en la red hospitalaria.

Instituciones como la Fundación Valle del Lili informaron una sobreocupación del 300 % en sus urgencias, al recibir pacientes de Cali, Jamundí y municipios del norte del Cauca.

El centro médico atendió a varios menores y adultos mayores afectados por las explosiones.

Uno de los pacientes, una mujer de 32 años remitida desde Corinto, falleció durante una intervención quirúrgica.

La Alcaldía de Cali adoptó una serie de medidas excepcionales para contener la crisis de seguridad tras los atentados del 10 de junio.

Se decretó toque de queda desde las 9:00 p. m. del martes hasta las 6:00 a. m. del miércoles en zonas identificadas como de alto riesgo, con el fin de garantizar el control del orden público y reducir la posibilidad de nuevos ataques.

También se impuso ley seca durante el mismo periodo, restringiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

De forma paralela, se ordenó el cierre de 18 instituciones educativas ubicadas cerca de estaciones de policía y puntos críticos.

En Jamundí, las explosiones dejaron cuatro muertos y varios heridos.

En Palmira, seis cilindros bomba fueron hallados cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, los cuales fueron desactivados.

En Buenaventura, un artefacto explotó frente a una estación policial del puerto, causando daños materiales.

En el municipio de Yumbo, se decidió suspender las clases presenciales en todas las instituciones educativas públicas y privadas los días 11, 12 y 13 de junio.

La medida fue anunciada luego de un consejo de seguridad extraordinario y tiene como objetivo proteger a la comunidad estudiantil ante posibles alteraciones del orden público.

En Buenaventura, una explosión ocurrió a las 6:00 a. m. en un CAI ubicado en el sector de El Pailón.

El artefacto causó daños materiales en la infraestructura policial, aunque no se reportaron víctimas.

Las autoridades desplegaron patrullajes y reforzaron la seguridad en puntos estratégicos del puerto.

Según informes de inteligencia de la Policía Nacional, se prevén acciones violentas con motivo del aniversario de alias Mayimbú y las movilizaciones convocadas a nivel nacional.

A esta alerta se suma la reciente neutralización de alias “Cholinga”, cabecilla del bloque Isaías Pardo del EMC en el Cauca, quien era señalado como reclutador de menores y responsable de múltiples atentados.

La operación, ejecutada por el CCOES con apoyo de la Policía y el Ejército, tuvo lugar en la vereda Las Dalias, municipio de Páez, y fue destacada por el presidente Gustavo Petro como un golpe estratégico contra uno de los cerebros de la violencia en la región.

Por esta razón, la red de salud regional fue activada en alerta naranja, medida que permitió coordinar atención de emergencia, traslado de pacientes y activación de protocolos hospitalarios.

Las autoridades locales aseguraron que los centros asistenciales están preparados para recibir más heridos si ocurren nuevos atentados.

Terrorismo rural en el Cauca

Mientras las ciudades eran blanco de atentados, el departamento del Cauca vivió una jornada de violencia coordinada.

En El Bordo, municipio de Patía, un carro bomba estalló frente a la Secretaría de Tránsito, destruyendo parte del edificio de la Alcaldía, el banco agrario local y varias viviendas.

Aunque no hubo víctimas fatales, las pérdidas materiales fueron millonarias.

En Corinto, un ataque armado con fusiles y explosivos fue dirigido a la estación de policía, mientras otro artefacto detonó cerca del parque principal.

La biblioteca municipal y la sede de la Umata resultaron destruidas.

En Caloto, un francotirador asesinó a un patrullero, y luego un ataque con morteros dañó vehículos blindados del comando local.

En Villa Rica, un policía murió al pisar una mina escondida bajo el pavimento del peaje.

En Buenos Aires y Timbiquí, las disidencias atacaron símbolos institucionales: en uno, destruyeron un monumento a la paz; en otro, intentaron volar un puente sobre el río Saija, conexión fluvial clave del Pacífico.

Los ataques afectaron a 13 municipios del Valle del Cauca y 11 del Cauca.

En total, se registraron 24 acciones terroristas, que dejaron siete muertos (cinco civiles y dos policías), más de 40 heridos, y decenas de infraestructuras públicas y privadas destruidas.

Entre los heridos, se encuentran al menos dos menores de edad y varios miembros de la Fuerza Pública.

El Ejército movilizó 1.200 soldados y dos batallones especiales a zonas estratégicas del Cañón del Micay y la Cordillera Occidental.

Según las autoridades, la ofensiva se desarrolló en tres fases: ataques rurales en la madrugada, ofensiva vial y sabotajes en la mañana, y detonaciones en zona urbana al filo del mediodía, buscando impactar la opinión pública y generar pánico.

Nuevo llamado a coordinar respuestas

Aunque el presidente Petro no asistió al consejo de seguridad del 10 de junio, su presencia en Cali está confirmada para el 11 de junio.

Pese a las recomendaciones de varios sectores de cancelar la movilización prevista, el mandatario aseguró que mantendrá su agenda.

Desde la Alcaldía y la Gobernación del Valle, se hizo un llamado a que su visita no se limite a la participación en la marcha convocada por su Gobierno.

Ambas autoridades pidieron que encabece un nuevo consejo de seguridad, esta vez con presencia de su gabinete y los altos mandos militares.

“Es urgente una estrategia integral. Esto no se resuelve solo con presencia simbólica”, afirmó la gobernadora Toro.

El alcalde Alejandro Eder advirtió que la capital vallecaucana no puede enfrentar sola esta amenaza.

“Cali no tiene cómo combatir estructuras armadas de este calibre sin el respaldo del Estado. No podemos volver a los tiempos del terrorismo indiscriminado”, dijo.

En declaraciones públicas, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García Guerrero, señaló que los ataques “ponen a prueba la capacidad del Estado y su deber de garantizar la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”.

Aseguró que las autoridades locales no han parado de actuar, pero que el apoyo nacional debe ser inmediato y constante.

Reacciones

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, exigió que los responsables de estos actos sean juzgados por terrorismo y crímenes de guerra.

“No son simples hechos delincuenciales, son atentados contra la población civil. Necesitamos justicia y garantías de no repetición”, afirmó.

La Cámara de Comercio de Cali expresó su respaldo a las decisiones tomadas por la Alcaldía frente a la crisis.

En un comunicado, pidió que la escalada terrorista se enfrente con más inversión estatal en seguridad, infraestructura y tecnología.

El gremio señaló que el tejido empresarial local también ha sido afectado y requiere protección inmediata para evitar una crisis económica en sectores como el comercio y el turismo.

Asobares, el gremio de establecimientos nocturnos, también respaldó la ley seca y los cierres preventivos ordenados por la administración local.

Según la agremiación, aunque estas decisiones impactan la actividad comercial, es prioritario garantizar la vida y seguridad de empleados y clientes.

“Nos duele cerrar, pero comprendemos que la situación es crítica y se necesita actuar con responsabilidad”, indicó la vocería del gremio.

El concejal Edison Giraldo, expresó su rechazo a los ataques y pidió al presidente Petro que suspenda la movilización prevista para el 11 de junio.

“No es momento para marchas, es momento para gobernar. Necesitamos decisiones desde el Ejecutivo y apoyo real a nuestras instituciones”, declaró.

También solicitó que se incremente el presupuesto de seguridad para los municipios del área metropolitana.

Gremios y cámaras de comercio del suroccidente colombiano también firmaron un documento conjunto en el que condenan enérgicamente los recientes atentados con explosivos y hostigamientos registrados en Cali, el Valle del Cauca y el Cauca.

En el comunicado, las organizaciones reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas estructurales frente a la creciente violencia en la región y destacaron que no existe justificación alguna para que grupos armados atenten contra la vida y la estabilidad del tejido social.

Durante el consejo del martes, se plantearon cuatro ejes estratégicos para el plan de choque: bloqueo de rutas de financiamiento del narcotráfico, fortalecimiento de la Fuerza Pública en zonas urbanas, uso de drones de vigilancia con sensores térmicos y reactivación del Consejo Territorial de Paz.

La implementación de estos puntos depende ahora de decisiones que deberá liderar el presidente.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió medidas adicionales como un toque de queda nocturno, y solicitó respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

“No hay justificación para el uso de explosivos en barrios residenciales. Esto debe parar”, afirmó.

Recompensa

Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes entreguen información que permita capturar a los responsables de los atentados del 10 de junio en el suroccidente del país.

Esta medida, respaldada por el Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, busca estimular la colaboración ciudadana frente a una escalada violenta que ha dejado muertos, heridos y destrucción en varios municipios.

La ciudadanía puede comunicarse de forma confidencial a líneas como 123 de la Policía, 107 del Ejército o la línea contra el crimen 314 358 7212.

La estrategia también incluye la acción conjunta del Ejército y la Policía para ubicar a miembros de estructuras como la Jaime Martínez, señaladas como responsables de los ataques en Cali, Jamundí, Buenaventura, Corinto y Villa Rica.

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