Este es el nuevo paquete legislativo que redefine la estructura del Estado

La recta final del primer semestre del 2025 marca un momento clave para el Congreso colombiano, que se prepara para el trámite y radicación de un conjunto de reformas estructurales que impactarán el sistema fiscal, la educación, la justicia, la salud y la descentralización territorial.

Nueve proyectos legislativos —algunos ya en curso y otros en fase de socialización para radicarse en julio— están en el centro del debate sobre el rediseño institucional del país.

Entre ellos, destaca la nueva Ley de Competencias Territoriales, que se proyecta como el cambio más importante en la redistribución de recursos desde la Constitución de 1991.

Reforma agraria y jueces para la tierra: aceleración del catastro rural

Uno de los ejes centrales de la agenda legislativa gira en torno al proceso de paz, en especial al acceso a la tierra.

La nueva ley busca resolver con mayor celeridad los conflictos sobre tenencia y propiedad mediante la creación de jueces agrarios especiales.

Estos podrían emitir fallos mediante actos administrativos en casos donde sólo exista un reclamante del predio, acelerando así los procesos de titulación rural.

Educación superior: cerrar la brecha con más recursos

La reforma a la Ley 30 de 1992 propone un cambio crucial en la fórmula de financiación de las universidades públicas.

Actualmente indexada al IPC, la propuesta plantea una fórmula más ambiciosa que permita aumentar la cobertura, calidad e infraestructura del sistema de educación superior.

El objetivo: revertir el estancamiento presupuestal que ha limitado el crecimiento del sector en la última década.

Reforma a la salud: prevención y un sistema único de financiación

En paralelo, el Gobierno busca destrabar su iniciativa de reforma al sistema de salud. El nuevo modelo implicaría el paso de las EPS de aseguradoras a simples administradoras, eliminando su rol de intermediación financiera.

Se plantea la creación de un fondo único de financiación, con un enfoque en atención primaria y prevención universal, lo que implicaría un gasto superior a 100 billones de pesos anuales, según proyecciones oficiales.

Transición energética e infraestructura ferroviaria

Otra de las reformas clave es la Ley de Transición Energética, que busca reorganizar el sistema de prestación de servicios en energía para conformar un sistema interconectado integral que limite la concentración entre generación, distribución y comercialización.

De forma complementaria, se tramita la Ley de Infraestructura Ferroviaria, que busca devolver protagonismo al transporte férreo mediante asociaciones público-privadas (APP).

Entre los cuatro corredores estratégicos que se priorizarán destacan: Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito, Buenaventura-La Tebaida y Cali-Jamundí. Se espera una inversión proyectada de 60 billones de pesos hasta 2035.

Interoperabilidad de datos: un Estado digital

La Ley de Interoperabilidad de Datos pretende unificar los sistemas de información del Estado bajo un catálogo digital único.

Esto permitiría mayor trazabilidad del gasto, eficiencia administrativa y control del uso de los recursos públicos a través de sistemas abiertos e interoperables.

Reforma a la justicia: más poder contra el crimen organizado

Se prepara también una reforma a la justicia penal enfocada en fortalecer el sistema acusatorio frente al crimen organizado.

El objetivo no es desmontar el modelo actual, sino dotar a la Fiscalía de herramientas como mecanismos eficaces de negociación judicial y fortalecimiento del dominio de bienes, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos.

Consulta popular y reforma tributaria: la otra cara del semestre

En medio del estancamiento de varias reformas —como la laboral y la de salud—, el Gobierno ya radicó una nueva propuesta de Consulta Popular que incluye preguntas sobre ambas.

Aún no se define si esta será avalada por el Congreso, pero se ha convertido en una carta de presión frente a la oposición legislativa.

Además, se mantiene en suspenso una posible reforma tributaria, necesaria para cubrir el hueco de financiamiento del presupuesto 2025.

Esto está ligado a la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) a mediados de junio, que deberá aclarar si se usará la cláusula de escape a la regla fiscal, generando mayor déficit.

La ley de competencias: el corazón de la descentralización

Pero sin duda, la reforma más ambiciosa es la Ley de Competencias Territoriales, que propone elevar el porcentaje del Sistema General de Participaciones (SGP) del 24% actual al 39,5%.

Esta medida devolvería a municipios y departamentos parte de los recursos recortados desde 2001, y se aplicaría gradualmente desde 2027 hasta 2039.

La iniciativa busca cerrar brechas regionales, fortalecer el asociativismo territorial y garantizar un verdadero ejercicio de autonomía fiscal en las regiones.

Entre los principales desafíos está definir los mecanismos de control, la distribución entre sectores y el papel del Gobierno Nacional.

Un rediseño institucional en marcha

Las reformas en trámite configuran una apuesta de rediseño institucional sin precedentes en los últimos 20 años.

Sin embargo, el éxito dependerá no solo del trámite legislativo, sino de la sostenibilidad fiscal, la concertación política y la capacidad técnica del Estado para ejecutarlas.

Comments