Se mantiene alerta por escasez de medicamentos

La alerta se mantiene en el sector salud a raíz del desabastecimiento de algunos medicamentos en Colombia.

Muchos pacientes, sobre todo quienes deben realizarse tratamientos siquiátricos o nerviosos, se han visto afectados por esta escasez.

Ciudadanos han denunciado que se han visto obligados a acudir a farmacias particulares para adquirir medicamentos que no encuentran en sus EPS, sin embargo, en algunos casos tampoco los consiguen.

Escasos

Ya la Asociación Colombiana de Siquiatría había alertado sobre la escasez de medicamentos para la salud mental y había pedido al Ministerio de Salud tomar medidas.

Según la asociación estos medicamentos, que sirven para dolencias como la depresión o la ansiedad, ayudan a descongestionar los centros de salud mental.

Los expertos afirman que la escasez no es sólo para estos temas sino también para todo tipo de patología.

En departamentos como el Quindío ya comenzó a escasear la insulina.

Así mismo, se habla de desabastecimiento de acetaminofén.

Cruz Verde presentó un listado de por lo menos 70 medicamentos que registran alguna novedad de posible desabastecimiento o porque hace 30 días no se distribuyen como xanax, clozapina, fluoxetina, escitalopram, quetiapina, dulokem, entre otros.

El llamado

Ante esta situación, la Defensoría solicitó la implementación de medidas urgentes para reducir impacto generado por el desabastecimiento.

La Defensoría informó que independientemente de que sea responsabilidad de las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud los pagos de presupuestos máximos del sistema a través de la Adres, la salud no debe estar sujeta a trámites administrativos o financieros.

Por eso la entidad enfatizó que el Gobierno Nacional debe liderar acciones que aborden la problemática y reunir a todos los actores del sistema de salud, con la finalidad de encontrar soluciones conjuntas.

El llamado

Ante el panorama de desabastecimiento, escasez y problemas de suministros de medicamentos que está afectando grave y sistemáticamente el derecho a la salud de la población colombiana, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a todos los actores del sistema de salud, en cabeza del Ministerio de Salud, para que implementen medidas cuyo fin sea reducir el impacto negativo que pueda generar lo que está ocurriendo.

Así mismo, indicó que debe ser garantizado el acceso a tratamientos e informar a la comunidad nacional sobre la actual situación.

Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, dijo que “los medicamentos son necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas, huérfanas y raras, si no cuentan con ellos pone en altísimo riesgo la salud y vida de esta población vulnerable, y también compromete la salud de sus familias y cuidadores”.

El Defensor aclaró que, independientemente de que sea responsabilidad de las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud los pagos de presupuestos máximos del sistema a través de la Adres, “la salud no debe estar sujeta a trámites administrativos o financieros porque priman ante todo los derechos inalienables de las personas”.

En ese sentido agregó que “debe ser responsabilidad de los aseguradores garantizar la prestación de los servicios de salud de manera integral y efectiva con oportunidad y calidad y que “no puede ser excusa de ninguna índole la negación de medicamentos, tecnologías e insumos no incluidos en el PBS porque de esto depende, en la mayoría de los casos, el bienestar, la salud física y mental y la vida de las personas”.

Garantizar

Por otra parte, el Defensor afirmóque los actores del sistema deben garantizar derecho a la salud.

La Defensoría insto a los diferentes actores a cumplir con las funciones y la relación directa con todo el proceso relacionado con los medicamentos.

Además, indicó que el Ministerio de Salud debe hacer cumplir la legislación sobre medicamentos que se van a reconocer como parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS, antiguamente POS).

El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene la misión de proteger y promover la salud de la población mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

Por otro lado, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) están legalmente obligadas a entregarles los medicamentos a sus afiliados. Los laboratorios fabricantes de medicamentos son los directamente responsables de la fabricación y distribución de medicamentos en el mercado farmacéutico, pues ni el Ministerio de Salud, ni el Invima, ni las EAPB tienen la competencia legal o técnica para realizar esas actividades.

Camargo señaló que “las EPS y los gestores farmacéuticos deben poner en marcha acciones que mitiguen el efecto sobre los usuarios, como buscar nuevos proveedores, usar alternativas terapéuticas con la misma familia farmacológica, adquirir medicamentos por el canal comercial para ciertas condiciones de salud, entre otras”.

El funcionario también pidió a las autoridades sanitarias del orden nacional y territorial intensificar la inspección y vigilancia en las farmacias, droguerías y dispensarios, e intentar la apertura y estímulo de nuevos mercados para fortalecer la industria nacional y así procurar existencias suficientes en el futuro.

Dispensación

Por otra parte, la Defensoría indicó que Audifarma y Cruz Verde son las empresas más grandes en el país que cumplen con la labor de dispensación de medicamentos a la población afiliada a diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. Por eso, si no suministran los medicamentos generarían un riesgo de grandes dimensiones que impactaría los tratamientos de millones de personas tanto de enfermedades crónicas como de alto costo.

El número de medicamentos que no se están entregando ha aumentado en Audifarma. De 354 mil ítems no dispensados en septiembre del 2023 pasaron a 800 mil ítems que no pudieron ser entregados en febrero de este año.

Otras consecuencias

Igualmente, el no pago de los presupuestos máximos por parte del Ministerio de Salud y la Adres está generando un deterioro de las finanzas tanto de las EAPB como de los operadores logísticos. Esto llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse mediante el Auto 2881 de 2023: insta al Gobierno a pagar los ajustes del 2021, 2022, 2023 y lo adeudado del 2024, que corresponde a enero, febrero y marzo.

Camargo remarcó que “muchos ciudadanos se ven obligados a acudir a farmacias particulares para adquirir los medicamentos que no encuentran en sus EPS, y en algunos casos tampoco los consiguen. El Gobierno Nacional debe liderar acciones que aborden esta problemática y reunir a todos los actores del sistema de salud, con el fin de encontrar soluciones conjuntas. Proteja el derecho a la salud de los colombianos, pero también sus bolsillos”.

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