Cali, agosto 28 de 2025. Actualizado: miércoles, agosto 27, 2025 23:53
Con la implementación del Convenio 190 de la OIT
Colombia avanza hacia entornos laborales libres de violencia y acoso
Colombia dio un paso histórico en la defensa de los derechos laborales con la entrada en vigor de la Ley 2528 de 2025, que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), primer tratado internacional que reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral libre de violencia y acoso, incluidas las violencias de género.
La medida fue celebrada en el congreso “Hacia la implementación del Convenio 190 en el sector público”, realizado en Bogotá con la participación de autoridades nacionales, congresistas, organismos internacionales, sindicatos y organizaciones sociales.
Durante el encuentro se compartieron experiencias internacionales y se trazaron rutas para materializar en Colombia este instrumento que, según expertos, marca un cambio de paradigma en la cultura del trabajo.
Un compromiso con la dignidad en el empleo
El Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Trabajo lideraron las jornadas preparatorias, en las que se subrayó que el convenio no se limita a sancionar conductas, sino que exige al Estado y a los empleadores prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia en los espacios laborales.
“El reconocimiento del trabajo decente como base del desarrollo humano y la justicia social implica que debemos garantizar ambientes seguros, respetuosos y libres de discriminación. La implementación del Convenio 190 será un proceso gradual, pero decidido”, afirmó el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, quien destacó la importancia de capacitar a los servidores públicos y fortalecer las instituciones responsables de vigilar el cumplimiento de la norma.
Articulación nacional e internacional
El congreso reunió a representantes de Naciones Unidas, el Congreso de la República, centrales obreras y colectivos sociales.
Todos coincidieron en que el reto es articular esfuerzos y diseñar políticas públicas que aseguren la eficacia del convenio en los sectores público y privado.
El Convenio 190, adoptado por la OIT en 2019, obliga a los Estados firmantes a garantizar medidas integrales que incluyan campañas de sensibilización, protocolos claros de denuncia, rutas de atención y sanciones efectivas contra las conductas de acoso y violencia en el ámbito laboral.
Para Colombia, su adopción se convierte en una respuesta directa a años de incidencia de movimientos sindicales y de derechos humanos que reclamaban herramientas legales más sólidas.
Cifras que sustentan la urgencia
De acuerdo con la OIT, más del 22% de los trabajadores en América Latina han experimentado alguna forma de violencia o acoso en el trabajo.
En Colombia, estudios recientes del Ministerio de Trabajo estiman que 1 de cada 5 empleados ha reportado haber sufrido hostigamiento laboral o discriminación de género, lo que evidencia la magnitud del problema.
Además, la informalidad laboral, que alcanza al 55,9% de la población ocupada, dificulta aún más la detección y atención de estos casos, pues gran parte de los trabajadores carece de mecanismos institucionales para denunciar y recibir protección.
Retos en la implementación
El camino hacia la plena implementación del Convenio 190 exigirá acciones coordinadas. Entre los desafíos más relevantes se destacan:
- Capacitación masiva a empleadores y empleados en derechos, deberes y rutas de protección.
- Fortalecimiento institucional de entidades como el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría para garantizar sanciones efectivas.
- Creación de protocolos específicos para el sector público, donde también se han registrado casos de acoso y violencia de género.
- Promoción de la igualdad de género, con políticas que reduzcan las brechas en salarios, ascensos y condiciones de trabajo.
Un paso hacia la equidad
Para las organizaciones sindicales y sociales, la ratificación del convenio es un logro colectivo que responde a décadas de incidencia. “Es un reconocimiento a que la violencia laboral no es un asunto privado, sino un problema estructural que afecta la productividad, la salud mental y la cohesión social”, señaló una de las voceras sindicales durante el congreso.
El Gobierno del Cambio reiteró su compromiso con la igualdad y la equidad en los espacios de trabajo, convencido de que solo en ambientes seguros y libres de acoso puede construirse una sociedad más justa e inclusiva.