Corte Constitucional estudiará demanda clave contra reforma tributaria de Petro

La Corte Constitucional de Colombia se encuentra nuevamente en el centro de la atención jurídica y económica del país, al admitir a trámite una nueva demanda que cuestiona aspectos fundamentales de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

Esta admisión responde a una serie de más de 50 demandas presentadas contra la Ley 2277 de 2022, conocida ampliamente como la reforma tributaria, de las cuales 15 ya han sido rechazadas y otras aún están bajo análisis.

La demanda en cuestión, admitida el pasado 11 de julio, se centra específicamente en el artículo 68 de la normativa, el cual otorga al presidente Petro facultades extraordinarias para expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable.

Esta disposición, según el demandante Wadys Tejada Flórez, plantea una infracción al artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, que establece el principio de reserva de ley para el Congreso de la República en la expedición de códigos y reformas legislativas.

El artículo en controversia también contempla la creación de una subcomisión parlamentaria integrada por representantes de la Cámara y senadores, designados para acompañar el proceso de elaboración del mencionado régimen aduanero.

Argumentos y debate jurídico

La discusión legal gira en torno a la interpretación del alcance de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente, las cuales permiten la expedición de normas con fuerza de ley en áreas específicas durante un período limitado de tiempo.

Estas facultades, si bien son una herramienta reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano para la agilización legislativa en circunstancias excepcionales, también han sido objeto de escrutinio en cuanto a su constitucionalidad y el debido equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

El demandante argumenta que el artículo 68 de la reforma excede los límites constitucionales al permitir al presidente legislar sobre aspectos que tradicionalmente han sido reservados al Congreso.

En particular, la potestad para establecer un régimen sancionatorio y de decomiso en aduanas, sin una clara delimitación de los principios y criterios que deben regir dichas normativas, podría vulnerar el principio democrático y la separación de poderes que fundamentan el sistema jurídico colombiano.

Próximos pasos y expectativas

La Corte Constitucional deberá ahora evaluar los argumentos presentados por ambas partes y emitir un fallo que sentará un precedente importante sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias en el contexto de reformas tributarias y aduaneras.

Mientras tanto, el gobierno, los legisladores y los actores económicos seguirán atentos a los desarrollos de este caso, que podría influir en la dirección futura de las políticas públicas y la legislación fiscal en Colombia.

La decisión de la Corte Constitucional sobre esta demanda no solo determinará la legalidad de un artículo específico de la reforma tributaria de Petro, sino que también será crucial para la interpretación y aplicación del marco constitucional que regula las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo en el país.

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