El espejismo del ajuste fiscal: Colombia en la cuerda floja entre promesas y cifras

El Gobierno Nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para 2025 con una medida sin precedentes: la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal por un periodo de tres años.

Esta decisión, aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), le permite al Ejecutivo incumplir los límites establecidos para el manejo de las finanzas públicas en nombre de la estabilidad macroeconómica.

Pero más allá del tecnicismo jurídico, el escenario fiscal colombiano se adentra en una zona de alto riesgo.

Según el análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el déficit fiscal proyectado para 2025 es del 7,1% del PIB, dos puntos porcentuales por encima de lo contemplado en el Plan Financiero de inicio de año.

La deuda pública, en consecuencia, ascendería al 61,3% del PIB este año y alcanzaría un pico del 63,8% en 2027, cifras que tensionan la sostenibilidad del sistema fiscal colombiano y reabren el debate sobre la efectividad —y la credibilidad— de la regla fiscal.

La cláusula de escape, consagrada en la Ley 2155 de 2021, fue diseñada para situaciones excepcionales que comprometan la estabilidad macroeconómica, pero su activación revive un viejo temor: que la norma, aunque robusta técnicamente, carece de dientes frente a las decisiones políticas.

“Es preocupante que, al activarse esta cláusula, el Gobierno pierda su límite efectivo de endeudamiento. Esto puede derivar en mayor presión sobre las tasas de interés y, por ende, sobre el costo del financiamiento interno y externo”, señala Anif en su más reciente informe.

Una mirada más detallada al MFMP revela una fuerte corrección en la proyección de ingresos.

El recaudo tributario para 2025 fue ajustado a la baja: de los $299,9 billones inicialmente estimados, el Gobierno ahora espera solo $281,4 billones.

Para Anif, esta nueva cifra es más realista, aunque incluso ellos proyectan un nivel inferior: $276,7 billones.

La diferencia radica en la expectativa de ingresos extraordinarios por retenciones en la fuente anticipadas —una maniobra que, si bien alivia momentáneamente la caja, podría generar un desbalance en 2026 por la reducción de utilidades empresariales y el aumento de devoluciones tributarias.

En el frente del gasto, el panorama tampoco es alentador.

El Gobierno estima un gasto total de $438,9 billones, es decir, 24,2% del PIB.

Destaca especialmente el aumento del gasto de personal, que subiría cerca de 30% anual, lo que representa medio punto porcentual del PIB adicional.

“Este incremento no es justificable, especialmente en un contexto fiscal tan estrecho. Aunque incluye compromisos legales con la fuerza pública, sigue siendo una señal de falta de disciplina fiscal”, afirma el documento.

Las consecuencias ya se sienten en la necesidad de financiamiento.

Las necesidades adicionales se estiman en $56,6 billones más que lo proyectado inicialmente, alcanzando $193 billones.

Para cubrir este hueco, el Gobierno recurrirá a una mezcla de desembolsos internos y externos, bonos verdes, TES y otras estrategias de mercado.

Pero todo ello implica mayores cargas financieras, especialmente si se elevan las tasas de interés por la percepción de mayor riesgo.

De cara al futuro, el Gobierno propone una reforma tributaria que recaude al menos $19,6 billones, con cambios en el IVA, el impuesto al consumo y el impuesto de renta para personas naturales.

También plantea una comisión para revisar el gasto público.

Sin embargo, ANIF es escéptico: “Las propuestas son razonables, pero su implementación no luce plausible, al menos durante lo que resta de este Gobierno”.

El informe también alerta sobre las implicaciones macroeconómicas de este desbalance fiscal prolongado.

Una de las más graves sería la posible pérdida del respaldo de la Línea de Crédito Flexible del FMI, lo que implicaría una señal negativa para los mercados internacionales y podría acarrear nuevas rebajas en la calificación de riesgo soberano.

También se prevé presión sobre la tasa de cambio, lo que incrementaría los precios de los bienes importados y dispararía la inflación.

En ese contexto, Anif insiste en que la herramienta más urgente no es una nueva reforma, sino una revisión profunda del gasto.

El 86% del presupuesto es rígido, pero hay margen para mayor austeridad, recortes en rubros discrecionales y mejoras en la eficiencia del gasto público.

Solo así se puede recuperar la confianza ciudadana y sentar las bases para una política fiscal sostenible.

La advertencia final es contundente: si el país no reconduce sus cuentas fiscales hacia el cumplimiento estricto de la Regla Fiscal y no refuerza sus mecanismos institucionales para evitar el desvío político, la llamada “cláusula de escape” pasará de ser una excepción a convertirse en la norma.

Y eso podría costarle a Colombia no solo la estabilidad económica, sino su credibilidad financiera a nivel internacional.

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