Eliminar exenciones no es austeridad: es subir impuestos

En su más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno propone reducir el gasto tributario, lo que en la práctica se traduce en una mayor carga impositiva para los contribuyentes.

Aunque la medida se presenta como una vía para aliviar el déficit fiscal, expertos advierten que su implementación en el corto plazo es poco viable y socialmente riesgosa.

Reducir el gasto tributario, es decir, eliminar exenciones, deducciones y beneficios tributarios, es una de las estrategias contempladas por el Gobierno para cerrar el déficit proyectado del 6,2% del PIB en 2026.

Pero según un reciente análisis de ANIF, esta estrategia no representa una política de austeridad ni de ahorro del gasto público, sino un incremento efectivo en los impuestos que pagan empresas y ciudadanos.

En 2023, el gasto tributario ascendió a $135,4 billones, equivalente al 8,5% del PIB.

El grueso de este monto corresponde a beneficios del IVA (5,6% del PIB), particularmente por bienes y servicios excluidos que actualmente alivian el bolsillo de los hogares más vulnerables.

A esto se suman beneficios en el impuesto de renta a personas naturales (1,6%) y jurídicas (1,3%), muchos de los cuales están atados a incentivos de inversión, empleo y protección social.

“Eliminar estos beneficios sin una reforma estructural que reequilibre el sistema tributario sería un error”, advierte Anif, que cuestiona la viabilidad política, técnica y social de esta medida en un entorno económico debilitado y con bajo margen de maniobra.

Según el informe, Colombia tiene uno de los gastos tributarios por IVA más altos de América Latina, lo que refleja no solo fallas en el diseño fiscal, sino también el uso de exenciones como herramienta de política pública compensatoria ante una limitada capacidad de focalización del gasto social.

La propuesta de reforma tributaria que acompaña el Marco Fiscal incluye fuentes de recaudo poco claras —como impuestos a iglesias o a vapeadores— que tienen un impacto fiscal marginal, y cuya aprobación depende de un complejo proceso legislativo con alto desgaste político.

Frente a este panorama, Anif insiste en que no hay espacio para más reformas improvisadas, y que cualquier ajuste al sistema tributario debe partir de un pacto fiscal robusto, con legitimidad social, buena focalización de los subsidios y una política de gasto más eficiente.

“El reto no es solo aumentar ingresos, sino asegurar que cada peso adicional tenga legitimidad, equidad y sentido social”, concluye el centro de estudios.

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