En riesgo amenazan proyectos clave en Colombia

La situación actual del sector de infraestructura en Colombia ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La no corrección de errores en el Decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte está poniendo en riesgo importantes proyectos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, la operación del Túnel de La Línea e incluso la licitación de la doble calzada Pasto-Popayán.

Esta situación ha llevado a una parálisis en el funcionamiento de entidades clave como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo que está teniendo un impacto directo en la ejecución de obras y en la seguridad laboral de miles de trabajadores.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha expresado su preocupación por la omisión del Gobierno nacional en la desagregación de recursos para la inversión en proyectos a cargo del Invías y la ANI.

Esta falta de claridad presupuestaria está violando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto y está generando incertidumbre entre los inversionistas.

Uno de los puntos más críticos es el manejo de las vigencias futuras, donde recientes anuncios del Ministro de Hacienda han señalado que el pago de estas no se realizará de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos.

Esta situación pone en vilo la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La falta de expedición del Decreto de Liquidación también está afectando la marcha de programas como ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, lo que podría tener un impacto negativo en la reactivación económica y en la continuidad del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) que ha sido fundamental en el desarrollo de la infraestructura del país en las últimas décadas.

Además de los efectos en la ejecución de obras y en la seguridad jurídica, esta situación está poniendo en riesgo miles de empleos en el sector.

La suspensión de contratos y licitaciones está dejando sin trabajo a microempresarios y contratistas, lo que podría tener un impacto devastador en la economía local.

La CCI hace un llamado urgente al Gobierno nacional para que corrija estas deficiencias presupuestarias y garantice la continuidad de los proyectos de infraestructura clave para el desarrollo del país.

La confianza inversionista y la seguridad jurídica son fundamentales para el progreso económico y social de Colombia, y su deterioro podría tener consecuencias graves a largo plazo.

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