Reforma Laboral podría agravar la informalidad y afectar a las pequeñas empresas: ICP

En el marco de la audiencia pública convocada por la Comisión Cuarta del Senado para discutir la Reforma Laboral, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advirtió sobre los riesgos que esta iniciativa representa para las micro y pequeñas empresas del país, donde se concentra más del 80 % del empleo informal en Colombia.

Según el análisis del instituto, el proyecto no aborda de manera estructural las causas del desempleo ni la informalidad, y propone medidas que, en lugar de fomentar el empleo formal, podrían profundizar las barreras de acceso y limitar la capacidad de adaptación del sector empresarial.

Una reforma que ignora el contexto económico

El ICP argumentó que la reforma parte de una premisa equivocada: la idea de que las rigideces normativas existentes no influyen en la informalidad laboral.

Según índices internacionales citados por el instituto, el mercado laboral colombiano se caracteriza por ser altamente inflexible, con costos elevados de contratación y despido, y un marco jurídico que impide adaptar el empleo a las realidades sectoriales y tecnológicas.

Además, se señaló que la reforma se presenta en un contexto económico adverso, marcado por el estancamiento del crecimiento, la caída de la inversión privada y un entorno de inseguridad física y jurídica que frena el desarrollo empresarial.

Reglas que castigan a las MiPymes

El proyecto aprobado en la Cámara de Representantes contempla medidas como la imposición de contratos a término indefinido como regla general, el aumento de recargos nocturnos y dominicales, y la eliminación de contratos por prestación de servicios.

Según el ICP, estas disposiciones golpean especialmente a las pequeñas empresas y a sectores intensivos en servicios como turismo, comercio, logística y entretenimiento.

Desde el instituto se advirtió que establecer regulaciones uniformes para todos los tamaños de empresa crea incentivos perversos: desincentiva el crecimiento empresarial y empuja a muchas unidades productivas a mantenerse pequeñas para evitar cargas adicionales, consolidando un ecosistema informal y precario.

Impacto en sectores rurales y digitales

En el sector agropecuario, donde la informalidad supera el 85% y el trabajo es estacional, la exigencia de contratos rígidos podría agravar la situación.

El ICP destacó como positiva la eliminación de los artículos 31 y 32 del texto aprobado en la Cámara, que imponían condiciones contractuales incompatibles con la realidad del campo, y pidió al Senado evitar reincorporar esas medidas.

Las plataformas digitales, por su parte, también se verían afectadas por restricciones que, según el instituto, limitarían su capacidad de innovación y adaptación, y podrían excluir a trabajadores que hoy encuentran ingresos a través de modelos alternativos de empleo.

Preocupaciones jurídicas y consecuencias fiscales

Desde una perspectiva jurídica, la organización advirtió que la reforma representa un retroceso en materia de autonomía contractual y libertad individual.

La eliminación del contrato sindical y la imposición de recargos obligatorios serían, a juicio del ICP, un golpe a la negociación colectiva y a la flexibilidad que requiere el mercado laboral actual.

En el plano fiscal, el instituto alertó sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Al encarecer el empleo formal, la reforma reduciría los aportes efectivos y aumentaría la dependencia del gasto público, justo en un contexto de menor crecimiento y mayor presión tributaria.

Propuestas para una reforma alternativa

El Instituto de Ciencia Política afirmó que su posición no es meramente crítica, y presentó una serie de propuestas orientadas a rediseñar la reforma sobre principios de libertad económica, flexibilidad normativa y realismo productivo.

Entre las recomendaciones destacan:

Reducción de los costos de formalización mediante trámites simplificados y modalidades contractuales diversas.

Adopción de esquemas como el jornal agropecuario, con pagos proporcionales y cobertura de prestaciones sociales.

Estímulo a la automatización e innovación sin cargas regulatorias punitivas.

Garantías básicas de seguridad jurídica y condiciones para que pequeños productores operen con estabilidad.

Estas medidas, enmarcadas en la hoja de ruta L3P del ICP, apuntan a liberar el potencial económico de millones de trabajadores y emprendimientos que hoy se mantienen en la informalidad por las barreras del sistema actual.

El debate sobre la Reforma Laboral sigue abierto en el Senado, mientras distintas voces del sector empresarial y académico piden repensar el modelo sobre criterios técnicos y realistas.

Comments