Consulta Popular: Un Reto Político y Logístico para el Gobierno de Petro

Clara Luz Roldán, Codirectora del partido de la U

En medio de un panorama político tenso y de reformas clave que han generado tanto apoyo como rechazo, el presidente Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de convocar una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el futuro de las reformas sociales que actualmente se tramitan en el Congreso: la reforma laboral y la reforma a la salud.

Esta propuesta se da luego de que la Comisión Séptima del Senado diera su apoyo mayoritario a la ponencia de archivo de la reforma laboral, un signo claro de las dificultades políticas que enfrenta el gobierno para avanzar con su agenda legislativa.

En este contexto, es importante destacar que el Congreso, lejos de ser un obstáculo institucional como algunos quisieran presentar, está cumpliendo con su responsabilidad al realizar una inspección rigurosa de los alcances de las reformas que se proponen.

Los congresistas no son actores ajenos a la realidad del país ni son “traidores”, como erróneamente han sido señalado por el presidente Petro, pero tampoco pueden ser ‘notarios’.

Su trabajo consiste en estudiar minuciosamente los proyectos de ley, escuchar a los diferentes sectores sociales y actuar en función de lo que sea mejor para la nación.

De las tres reformas prioritarias del gobierno, la reforma laboral siempre fue la que más opciones tuvo de ser aprobada. Sin embargo, el martes pasado el gobierno sufrió una derrota sorpresiva en el Senado.

La reforma laboral contenía puntos positivos, como la reducción de la jornada laboral nocturna y el aumento en el pago de horas extras y dominicales, pero también planteaba serios riesgos, especialmente en lo relacionado con el aumento de los costos laborales y su impacto sobre el empleo.

Ahora el gran reto y de gran envergadura que se plantea el presidente Gustavo Petro, es lograr que al menos 13.6 millones de personas participen de su consulta popular y que de esas, 6,8 millones voten positivamente para que el resultado sea vinculante ya que la Ley 134 de 1994 establece que, para que la decisión tomada por el pueblo sea vinculante, debe obtenerse el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando participe al menos un tercio de los votantes del censo electoral.

La consulta popular, si bien es un mecanismo democrático legítimo, enfrenta serias dificultades tanto logísticas como políticas para su implementación.

Las probabilidades de que el gobierno de Petro logre superar el umbral de participación, obtener la aprobación del Senado y, además, garantizar los recursos necesarios para llevarla a cabo, son escasas.

Frente a este escenario, el gobierno debe replantearse sus estrategias de diálogo y consenso, buscando construir mayorías dentro del Congreso y entre la ciudadanía, llegar a acuerdos en lo fundamental de cada reforma, en lugar de apostar por un proceso que parece, por ahora, más simbólico que efectivo.