De la legitimidad y otras cosas

Las noticias de las últimas dos semanas han estado copadas por los resultados electorales de Venezuela, tanto los que se dieron en verdad, como los que no, pero se hacen valer por la fuerza.

No se trata de volver a decir lo mismo que han dicho todos: que el triunfo de Maduro es espurio puesto que está basado en el fraude, que las actas muestran otra cosa, que la oposición ganó, en fin, ya eso se ha dicho hasta la saciedad, más bien aprovecho la ocasión para hablar de un tema muy importante y que a veces pasa inadvertido: la legitimidad.

Por legitimidad política puede entenderse el ejercicio de la titularidad que otorga el ordenamiento jurídico para asumir un cargo, verbigracia, en las monarquías absolutas, la legitimidad se daba por el derecho de sangre que daba ser el primogénito del rey y es por ello que se libraron guerras entre supuestos herederos que reclamaban ser, precisamente, los legítimos herederos.

Según Norberto Bobbio, la legitimidad de un sistema democrático “depende del consenso que se verifica periódicamente por medio de elecciones libres por sufragio universal”, es decir, en las democracias la fuente de legitimidad corresponde a que el proceso electoral sea libre y transparente, puesto que esta es la fuente del poder político, de lo contrario, sería ilegítimo el ejercicio de ese poder y correspondería a una usurpación; por ende, el acceso al poder por medio de resultados falseados hace que el gobierno se convierta en ilegítimo.

El caso venezolano resulta paradigmático por las transformaciones ocurridas en el último cuarto de siglo: sin duda alguna, Chávez llegó al poder legítimamente al ganar las elecciones de forma holgada en el año 1998, sin embargo, en ese momento comenzó un proceso de cooptación del Estado por parte del chavismo, en donde, con la excusa de atemperar la Constitución a las realidades del nuevo Derecho y montarse en la onda reformista que por entonces campeaba en América Latina, aprovechó la oportunidad para hacer una nueva Constitución a su medida, que le dio el control absoluto de la institucionalidad estatal, acabando con el sistema de pesos y contrapesos y ejerciendo un gobierno sin más controles que el suyo propio, así, todas las ramas del poder público fueron cooptadas bajo su ala, respaldado por unas fuerzas militares que comenzaron a gozar de enormes prebendas.

Ese proceso se terminó de acentuar con Nicolás Maduro, sucesor designado por mecanismos extra constitucionales que de entrada afectaron su legitimidad.

En las elecciones posteriores, en donde Maduro ha querido presentarse como un gobernante legítimo, siempre esa titularidad ha estado empañada por diferentes prácticas como la de inhabilitar a partidos y candidatos oponentes, variar las reglas electorales, persecuciones, constreñimientos y fraudes de las más variadas índoles, siendo el último el más notorio y descarado.

Maduro ha sido y continúa siendo un gobernante ilegítimo y cuando quien ejerce el poder político carece de legitimidad en una democracia, automáticamente se convierte en una dictadura, en tanto que el poder se está ejerciendo de facto y no en Derecho.

Nuestros recuerdos infantiles nos llevan a pensar las dictaduras como las del Cono Sur del continente, en donde militares se tomaban el poder por la fuerza, pero la realidad es que existen muchos tipos de dictadura y Maduro ejerce una de ellas, una dictadura en donde se ejerce el poder con apariencia de legitimidad, falseando las normas en su propio beneficio.

Una república para que sea realmente una república, debe tener alternancia en el poder y equilibrio de poderes y Venezuela, aun cuando se autodenomine república, ya no lo es, es una dictadura cooptada desde hace 25 años por quienes desgreñan sus recursos en su propio beneficio.

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