De vuelta al fracasado programa de sustitución voluntaria de cultivos

Paloma Valencia

Colombia se quedó sin política contra las drogas desde que llegó Gustavo Petro. Acabaron con los programas de sustitución de cultivos y la erradicación tanto voluntaria como forzosa (cayeron 70%). Hoy el país cuenta con más de 253 mil hectáreas de coca y la incautación no supera el 28% de la producción de cocaína.

Petro aseguraba que la interdicción e incautación de cocaína era una política más efectiva que la erradicación de la coca. Sin embargo, los resultados han demostrado que su idea fracasó. En el año 2023 se incautó el 28% del potencial de cocaína producida. El promedio de los últimos 12 años era 45%. Incautábamos más antes, y eso que también se erradicaba, destruían laboratorios…

El potencial de cocaína producida alcanzó 2.664 toneladas en 2023, un aumento del 53% comparado con 2022. Hoy el narcotráfico mueve cerca del 5% del PIB y los hombres en armas ilegales, en un año y medio de gobierno, se treparon 3.500 nuevos hombres en armas llevándonos a cerca de 17 mil. Tenemos más guerrilleros que antes de la firma del acuerdo con las FARC.

Lo grave es que es un gobierno que no sabe, pero tampoco aprende. Pretenden usar el estado de conmoción interior en el Catatumbo para repetir políticas públicas que ya fracasaron: la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de incentivos económicos. Anunció que se pagarán hasta 1,4 millones a los cocaleros que decidan erradicar la coca y cultiven café, cacao, piscicultura o aguacate. Es una copia del fracasado Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) del acuerdo de La Habana.

Un estudio de Daniel Mejía demostró que solo el anuncio del gobierno de pagar a cocaleros generó que las familias decidieran sembrar más coca en 2017, algo que seguramente volverá a ocurrir. Otro estudio del Departamento Nacional de Planeación evidenció que el programa aumentó los cultivos de coca en 8,87 veces en parcelas y en 4,81 veces en las zonas vecinas. Pues no solo resiembran los cultivadores, sino los vecinos que también quieren los beneficios del Estado.

Lo más grave es que en un territorio dominado por los violentos no se le puede pedir a los campesinos que digan que quieren erradicar, pues es muy fácil saber que los van a matar. Un estudio del CEDE reveló que en los municipios PNIS la tasa de asesinatos de líderes por cada 100 mil habitantes aumentó en 546%.

Basta ver lo que sucede en Argelia, Cauca, donde el cabecilla de la disidencia Carlos Patiño obliga al campesinado a presionar la salida del Ejército. Si no “colaboran”, no se comprará ni una sola hoja de coca. Deben los campesinos movilizarse como esclavos de los violentos, pues su subsistencia depende de ello.

En 1999 el país tenía 161 mil hectáreas de coca. En 2012 íbamos en 47.788, pues se erradicaban manualmente 43.200 ha.

En el próximo gobierno lo haremos bien. Vamos a sustituir mirando al futuro con transformación productiva, visión exportadora, garantía de compra, negociación de requisitos fitosanitarios con los EE.UU. y con un estudio satelital para determinar beneficiarios antes de que el programa sea anunciado. Además, llegaremos a áreas de manejo especial (parques naturales, reservas y cabildos) donde no es posible entrar. El 50% de la coca está ahí. Las fronteras también necesitan un programa especial de focalización. El 39% de la coca está en zonas de frontera.

Sabemos lo que hay que hacer y debemos hacerlo.