Del Estado de derecho al Estado de opinión

Carlos Andrés Arias Rueda

Uno de los grandes triunfos de la civilización contemporánea radica en la configuración del Estado de Derecho como paradigma en la organización jurídico-política.

En palabras muy simples, el Estado de Derecho implica el sometimiento de toda la institucionalidad estatal a las normas del Derecho, algo que en su momento fue sumamente revolucionario, si se piensa que, en la época del absolutismo monárquico, por ejemplo, se consideraba que el Derecho emanaba hacia abajo, pero nunca cobijaba al monarca, máxime si éstos se consideraban el Estado en sí, como era el caso de Luis XIV de Francia, quien pasó a la historia con una de sus máximas: “El Estado soy yo”.

Someter pues a toda la institucionalidad del Estado al Derecho, ya en tiempos del republicanismo, significó sostener un diseño institucional cuya razón principal se encuentra en el equilibrio de poderes y ello se extiende no sólo en lo nacional, si no también en lo regional y en lo local; de ahí que existan corporaciones públicas de representación popular como el Congreso, las Asambleas o los Concejos, encargados de hacer, entre otras muchas cosas, una función importantísima denominada “control político”, que es una de las formas en que el diseño institucional contenido en la Constitución, permite el desarrollo de ese alto propósito de sostener el equilibrio de poderes, algo que, en últimas redunda en el fortalecimiento de la democracia.

La interacción de los distintos órganos que hacen parte de la estructura del Estado debe hacerse a través de los diferentes canales dispuestos por la Constitución y la ley y bajo el acatamiento a los principios de colaboración armónica, planeación y eficacia en la gestión pública, pero sobre todo, por el respeto por las competencias y atribuciones de los demás órganos; por ello resulta inaceptable la descalificación y el asedio a la Corte Suprema de Justicia vivido hace unos días, tratando de presionar una pronta elección de quien será la nueva Fiscal General de la Nación.

Olvidan que, en los últimos veinte años, cada una de estas elecciones ha tardado meses, precisamente por las dinámicas internas de la Corte. Esta consideración la realizo como abogado y respetuoso de la Constitución, más allá de las consideraciones personales que algunos tuvieren sobre personas involucradas en el asunto.

Hace como veinte años conocí el término “Estado de opinión”, precisamente cuando, a través de encuestas, índices de popularidad y manifestaciones callejeras, se trataba de deslegitimar a ciertos órganos del Estado con el argumento muy cuestionable de que la “democracia está en la calle”, si eso fuese así, para qué institucionalidad, para qué equilibrio de poderes, para qué Estado de Derecho, pues, si algo ha demostrado la historia, es que la “calle” es profundamente manipulable, más en tiempos de redes sociales y posverdades.

Se pretendía entonces como se pretende ahora, sustituir las decisiones tomadas en virtud de las atribuciones dadas por el ordenamiento jurídico, para presionarlas de forma indebida por manifestaciones externas, verbigracia el bloqueo a la Corte Suprema de la semana pasada.

El Estado de opinión aún no puede impartirle un réquiem al Estado de Derecho, pero es una amenaza que surge cada cierto tiempo, con algunos gobernantes nacionales pero también locales, por ello es importante reconocer el valor y el propósito de la institucionalidad y de las luchas que se libraron en busca de la consolidación democrática como sistema político imperante en nuestro Estado.