El cierre del muelle 13

El cierre temporal del Muelle 13 de Buenaventura pone en evidencia decisiones que parecen más políticas que técnicas.

Esta infraestructura, esencial para el comercio exterior y el desarrollo social del Pacífico, ha sido objeto de señalamientos que trascienden lo logístico.

El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, insinuó afinidades entre el concesionario y el Centro Democrático, lo que alimenta la percepción de que esta medida obedece a una motivación ideológica.

Lo cierto es que los argumentos son débiles y la nueva medida hace parte de una serie de acciones jurídicas sistemáticas en contra del concesionario.

Los efectos económicos son alarmantes. Interrumpir las operaciones de un puerto estratégico genera incertidumbre en la logística nacional, afectando la confianza de inversionistas y exportadores.

Estas decisiones, sin análisis técnico visible, solo profundizan los desafíos estructurales de una región que históricamente ha sido marginada.

La improvisación tiene un costo alto. La falta de reglas claras y la vulneración de procedimientos generan una percepción de arbitrariedad que daña la credibilidad institucional.

En un país donde el desarrollo depende de decisiones acertadas, Buenaventura no puede seguir siendo víctima de disputas políticas que olvidan su importancia estratégica.

El impacto trasciende lo económico. Afecta el bienestar de las familias que dependen de este puerto para su sustento.

La reactivación no solo es urgente, sino necesaria para preservar la estabilidad operativa del puerto.

El cierre del Muelle 13 es un reflejo de la necesidad de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.

Si queremos avanzar como nación, debemos exigir decisiones basadas en el interés general y no en disputas ideológicas.

Buenaventura merece soluciones que reconozcan su potencial y contribuyan al desarrollo del país.

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