La desconexión total

La desconexión entre la realidad del país y las prioridades del Gobierno es total.

Mientras el presidente Gustavo Petro plantea traer niños palestinos a Colombia para rehabilitarlos, aquí, en nuestra propia tierra, la crisis del sistema de salud sigue dejando víctimas en silencio.

El cierre de la unidad de obstetricia y neonatología de la Clínica Farallones en Cali es una de las señales más alarmantes.

Se trata de un referente nacional en atención neonatal en el suroccidente colombiano, dejando en la incertidumbre a madres, recién nacidos y profesionales de la salud.

El mismo día en que el presidente fijó su mirada en Oriente Medio, vimos la imagen del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, huyendo de los periodistas cuando salía de la plenaria de la Cámara de Representantes, evadiendo los cuestionamientos de los medios frente a las ordenes de la Corte Constitucional.

La Corte ha sido tajante: el Gobierno ha incumplido con la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero asignado por cada afiliado al sistema de salud para cubrir consultas, exámenes, tratamientos y medicamentos.

La fijación de su valor por debajo de las necesidades del sistema ha generado una crisis sin precedentes, impactando a clínicas, hospitales, proveedores y pacientes.

Entre 2022 y 2023, hubo un déficit en la UPC superior a los $7 billones.

En 2024, el faltante ascendió a $2,84 billones.

Para 2025, se proyecta un déficit de $10 billones.

Estos recursos no son simples cifras.

Son tratamientos que no se entregan, hospitales que cierran, médicos que trabajan sin pago y pacientes que ven negado su derecho fundamental a la salud.

Pero la desconexión no termina ahí.

La Corte Constitucional también declaró un incumplimiento generalizado en los Presupuestos Máximos, recursos esenciales para costear tratamientos de alto costo, como los de las enfermedades huérfanas y crónicas.

Ahora bien, resulta inaceptable que, mientras los hospitales colapsan y los médicos alzan la voz por falta de recursos, la prioridad del Ejecutivo parezca estar en proyectos ajenos a la crisis nacional.

No se trata de desconocer la tragedia humanitaria en otras partes del mundo, pero sí de exigir que el primer deber de un Gobierno sea con su propia gente, sus propios niños, madres y pacientes.

El plazo dado por la Corte Constitucional ya venció y miles de pacientes quedaron en el limbo y sin tratamiento.

Mientras el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sigue cuestionando, desautorizando y pidiendo nulidades a lo ordenado por el alto tribunal, los pacientes se agravan y mueren.

No basta con frenar la actualización de la UPC, ahora el Ministerio de Salud anuncia que pagará los presupuestos máximos adeudados a cuentagotas y en cuatro meses, ignorando la urgencia manifestada por la Corte.

¿Será, entonces, necesario recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida de los colombianos?

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