La fractura de la seguridad en Colombia: Cuando la cabeza se desconecta el territorio se desangra

Javier Navarro O

En Colombia, como en cualquier país del mundo, la seguridad es la condición básica que hace posible la democracia, la economía, la inversión, la vida y el progreso social.

Y esa seguridad solo funciona cuando existe un gobierno central que dé dirección, exija resultados y articule a todo el aparato estatal.

Cuando la cabeza no guía al cuerpo, lo que se produce es un Estado fracturado, incapaz de garantizar el orden en sus territorios. Ese es, precisamente, el drama actual de Colombia.

La seguridad en las regiones depende en gran medida de que el Gobierno Nacional trace una política clara, defina prioridades, respalde y exija a la Fuerza Pública con decisión.

Gobernadores y alcaldes pueden multiplicar esfuerzos, pero sin un marco estratégico al más alto nivel, esos intentos quedan difuminados, sin impacto profundo y fácilmente desbordados por el avance de la criminalidad.

No es un asunto de voluntad local, sino de coherencia nacional.

Todos no hemos centrado en la fallida “paz total”, pero, lo que más preocupa es la ineficacia de la política de seguridad “Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026”, esto es lo que verdaderamente viene agravando el problema de inseguridad.

Los ciudadanos siguen viviendo con miedo, el homicidio en Colombia presenta un incremento del 2.8%, el secuestro un alarmante aumento del 81.7%, la extorsión una reducción en cifras del 10%, derivado del temor a la denuncia y la desconfianza ciudadana, el microtráfico se apodera de los barrios, el terrorismo se trasladó a las zonas urbanas con hechos connotados y la violencia en las calles no cede.

Es decir, no hay acuerdos con los violentos, pero tampoco hay resultados en la protección de los ciudadanos. El vacío es doble, y eso es inaceptable.

Conviene recordar, además, que la Constitución consagra de manera categórica que el presidente de la república es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Eso significa que es él quien debe dar las órdenes, fijar los objetivos y respaldar con claridad a soldados y policías.

Si desde la Casa de Nariño no hay exigencia real, ni directrices firmes, ni apoyo decidido, la Fuerza Pública queda reducida a actuar de manera reactiva y descoordinada.

Sin ese liderazgo presidencial, no habrá seguridad efectiva, no habrá un despliegue óptimo en los territorios y no se consolidará un esfuerzo verdadero contra la criminalidad.

La seguridad requiere una línea de mando firme, clara y coherente. Un Gobierno que habla de paz mientras tolera la expansión del crimen transmite debilidad.

Un Gobierno que no fija prioridades ni exige resultados a la Fuerza Pública deja a sus regiones libradas a su suerte.

Y un país en el que la cabeza está desconectada del cuerpo y la realidad en materia de seguridad está condenado a la incertidumbre permanente.

Hoy Colombia vive un vacío evidente en la conducción de la política de seguridad por parte del Gobierno Nacional, se necesita recuperar esa dirección política que el Gobierno Petro ha abandonado como si fuera un tema de segundo orden.

Porque la seguridad no se improvisa, no se delega, ni se fragmenta, se conduce desde arriba, con autoridad, recursos y voluntad. Mientras esto no ocurra, los ciudadanos quedarán cada vez más expuestos a las gobernanzas criminales.