Las dudas de Saade

La salida exprés de Alfredo Saade del cargo de jefe de despacho presidencial refleja la improvisación y la falta de rigor con que el gobierno nacional ha manejado algunos de sus nombramientos más sensibles.

Un funcionario que acumuló polémicas en apenas dos meses y que, según la Procuraduría, habría incurrido en extralimitación de funciones en el proceso de los pasaportes, no podía seguir en el cargo.

Más cuestionable aún resulta que, en lugar de enfrentar las investigaciones, el polémico pastor reciba como “premio” la designación como embajador de Colombia en Brasil.

El mensaje es pésimo: mientras organismos de control advierten posibles abusos y funcionarios de Cancillería denuncian supuestas presiones indebidas, la salida del Saade no implica un acto de responsabilidad, sino un traslado diplomático que parece blindarlo políticamente.

Así no se construye confianza en las instituciones ni se refuerza la lucha contra la corrupción. Al contrario, se alimenta la percepción de que todo se resuelve con un nuevo cargo.

Más preocupante aún es la coincidencia con el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien huyó a Nicaragua en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD y cuya extradición hoy depende de un trámite incierto.

Dos episodios que, puestos en paralelo, dejan la sensación de que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que llegó al poder prometiendo un cambio y una ética distinta a la de sus antecesores, repite e incluso agrava los vicios de la vieja politiquería que decía combatir.

Los gobiernos y sus funcionarios no están para evadir responsabilidades ni para buscar salidas cómodas.

Si Saade incurrió en faltas, debe dar la cara a los órganos de control, asumir las consecuencias y responder ante la justicia.

Y si Petro quiere evitar que su administración se hunda en el mismo descrédito de los gobiernos que cuestionaba, debe ser el primero en garantizar que quienes lo rodean no reciban embajadas, sino sanciones, cuando la evidencia lo amerite.

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