Cali, abril 30 de 2024. Actualizado: lunes, abril 29, 2024 23:19

La visión personal del presidente no se puede anteponer a la estabilidad democrática de toda la nación

¿Constituyente a las malas?

¿Constituyente a las malas?
Foto: Presidencia de Colombia
miércoles 17 de abril, 2024

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en una entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, generan una justificada preocupación, pues, ante una pregunta sobre el tema, el mandatario no descartó la posibilidad de convocar una asamblea constituyente al margen de los procesos legalmente establecidos.

La Constitución de Colombia establece claramente los pasos y requisitos para convocar una asamblea constituyente, los cuales implican un proceso legislativo y participativo que garantice la legitimidad y el respeto por las normas establecidas. Es decir, debe ser aprobada por el Congreso y posteriormente validada en las urnas por los ciudadanos.

Sin embargo, las declaraciones del presidente sugieren un desprecio por estos procesos y una tendencia a buscar atajos para imponer su agenda política.

Es fundamental recordar que el Estado de Derecho es la columna vertebral de nuestra democracia y, por lo tanto, adelantar una constituyente sin seguir los procedimientos constitucionales sería un acto de arbitrariedad contra el sistema político del país.

También resulta preocupante que el presidente afirme que el pueblo está pidiendo una constituyente, cuando es evidente que no existe un respaldo mayoritario para ésta, como lo demuestran los índices de desaprobación del gobierno.

En ese contexto, es imperativo que todas las instituciones democráticas cierren filas en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, pues no se puede permitir que se socave la democracia bajo el pretexto de imponer la visión personal de país que tiene el gobernante de turno.

Finalmente, es necesario reflexionar sobre las implicaciones de que el propio presidente de la República se atribuya el poder de violar la Constitución. Esto no solo constituiría un grave precedente para el país, sino que también pondría en riesgo la estabilidad y la legitimidad del gobierno.

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