El fantasma del crimen de los diputados

El Valle del Cauca y el Cauca se encuentran, una vez más, bajo la sombra del terror y la incertidumbre a raíz de las recientes advertencias de un posible intento de secuestro por parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc contra los diputados de estos departamentos.

El 11 de abril de 2002, las Farc irrumpieron en la Asamblea del Valle del Cauca y secuestraron a 12 diputados. En ese acto de barbarie, tres personas perdieron la vida, entre ellas un policía, un camarógrafo y el conductor de un vehículo que transportaba a un equipo de prensa. Cinco años después, once de los diputados secuestrados fueron masacrados por la guerrilla.

Este nefasto capítulo de nuestra historia nos confronta con la cruda realidad: la violencia política aún acecha nuestro territorio, por lo que es necesario exigirle al Estado la garantía de seguridad para todos los actores políticos institucionales. Ediles, concejales, diputados y congresistas deben ejercer su labor democrática en los territorios sin temor a represalias ni amenazas.

Es urgente que los organismos de seguridad respondan con prontitud a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y a las denuncias de amenazas dirigidas a líderes políticos en distintos municipios del Valle del Cauca. La inacción de las autoridades nacionales aumenta el riesgo al que están expuestos los dignatarios públicos.

Con tres concejales asesinados en Tuluá y Jamundí en lo corrido del año, sería irresponsable minimizar la amenaza que se cierne sobre los actores políticos del Valle y todo el suroccidente del país.

De las decisiones que tomen el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, depende evitar que se repitan episodios tan dolorosos como el secuestro de los diputados y el asesinato de los concejales.

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