La “paz” no tocó al narcotráfico

El fallo de la JEP contra los excabecillas de las Farc, condenados a sólo ocho años y sin prisión por más de 21.000 secuestros, volvió a poner en el centro del debate las falencias del acuerdo de paz suscrito durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Entre ellas, una de las más graves fue no haber abordado de manera clara y directa el tema del narcotráfico.

Al momento de la negociación en La Habana, las Farc ya no eran solo una guerrilla de carácter político, sino un cartel de drogas con amplio control territorial.

Sin embargo, el acuerdo permitió que sus cabecillas evitaran reconocer su papel en el negocio, no entregaran rutas de tráfico ni información clave sobre el negocio.

Esa omisión, sumada a que no se garantizó la unidad de mando que asegurara una desmovilización completa, abrió la puerta para que subalternos y mandos medios heredaran el negocio ilícito, lo fragmentaran en múltiples disidencias y desataran una nueva ola de violencia.

El resultado fue que, en lugar de desactivar el principal motor económico de la guerra, se prolongó bajo otras siglas y estructuras criminales.

Hoy Colombia enfrenta un escenario con más hectáreas de coca sembradas, una producción de cocaína tecnificada y altamente rentable, y una población civil sometida de nuevo a disputas armadas por el control de territorios.

El país terminó repitiendo la historia, solo que ahora con actores dispersos y más difíciles de contener.

El vacío del acuerdo no solo dejó sin justicia plena a las víctimas, sino que comprometió la posibilidad de una paz duradera. El narcotráfico, convertido en la espina dorsal de los grupos armados, sigue alimentando la violencia.

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