¿Víctimas de las Farc y de la JEP?

Lo que decidió la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de los secuestros de las Farc dejó un sabor amargo en el país.

El contraste es evidente: mientras los máximos responsables reciben beneficios jurídicos y políticos, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación.

Una sanción de ocho años sin cárcel por más de 21.000 secuestros se convierte, en la práctica, en un mensaje de impunidad que golpea con fuerza a quienes padecieron los crímenes de esa guerrilla.

Las voces de víctimas de las Farc, como Sigifredo López, Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Sofía Gaviria y el general Luis Mendieta coinciden en la decepción, reclaman que no se les tuvo en cuenta y la reparación es apenas simbólica frente a crímenes atroces.

Señalan, además, que los excomandantes han recibido escaños en el Congreso sin haber sido elegidos y que hoy, pese a la condena, mantienen intactos sus derechos políticos.

El marco legal que dio origen a la JEP fue aprobado por el Congreso, sí, pero esa base jurídica sirve hoy para blindar a los victimarios, mientras los sobrevivientes lidian con cicatrices abiertas y familias enteras con preguntas sin respuesta.

Es un sistema que, en la práctica, parece inclinarse más hacia quienes cometieron los delitos que hacia quienes los padecieron.

La defensa de las víctimas no puede seguir siendo una consigna vacía, debe convertirse en un imperativo ético y político. Colombia necesita verdad completa, reparación efectiva y garantías de no repetición.

Cualquier concesión que deje a las víctimas en la sombra, mientras los responsables ocupan puestos de poder, es una afrenta que compromete no solo el presente, sino el futuro de la reconciliación nacional.

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