La amenaza contra la salud

Qué irresponsabilidad tan grande la del Gobierno Nacional con la salud de los colombianos.

El mensaje del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, tras el consejo de ministros del 25 de marzo, no fue una solución, sino una amenaza, pues dejó claro que si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, el gobierno optará por liquidar las EPS intervenidas.

Es decir, no se buscarán salidas responsables, sino imponer un modelo a la fuerza, sin importar las consecuencias.

La mayoría de las EPS que están en crisis fueron intervenidas por este mismo gobierno.

Desde entonces, sus servicios han empeorado y la situación financiera se agravó, sin que el ejecutivo haya hecho algo para corregirlo.

Por el contrario, el gobierno sigue asfixiando financieramente a estas entidades.

La crisis en la entrega de medicamentos, que afecta a millones de colombianos, es consecuencia directa del no pago de obligaciones por parte del Estado.

Si en venganza por no aprobar su reforma, el gobierno decide liquidar las EPS intervenidas, ¿Qué pasará con los millones de usuarios afiliados a estas? ¿Dónde los atenderán? La red pública ya está colapsada.

No hay forma de que soporte una carga adicional sin poner en riesgo la vida de miles de personas.

La liquidación masiva de EPS reduciría aún más las posibilidades de atención para los usuarios, con demoras aún mayores para obtener citas médicas y mayor presión económica para los usuarios más pobres, que son a quienes, paradójicamente, el gobierno dice defender.

El presidente Gustavo Petro prometió hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”, pero sus decisiones están llevando al sistema de salud a convertirse en un generador de muerte.

El fanatismo ideológico está superando el deber de gobernar con responsabilidad.

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