Lo de la Nacional, un “golpecito” de Estado

Los recientes acontecimientos en la Universidad Nacional de Colombia deben alarmarnos a todos. La intervención del gobierno nacional en la elección del rector no solo es un ataque directo a la autonomía universitaria, sino que también representa un grave retroceso democrático.

Este acto autoritario, justificado a través de decretos y la violencia ejercida por encapuchados, es inaceptable y peligroso.

Las universidades públicas, como la Universidad Nacional, son instituciones autónomas que deben gobernarse por sus propios procedimientos.

La elección de rectores, regulada por los consejos superiores, es un proceso que refleja la independencia de estas instituciones.

Al ignorar estos procedimientos, el gobierno cruzó una línea roja, poniendo en riesgo la integridad de una de las principales instituciones educativas del país.

El respaldo del gobierno a la violencia ejercida por encapuchados que se oponen al rector elegido legalmente es un acto deplorable.

Es el propio gobierno, con el presidente de la República a la cabeza, el que deslegitima un proceso electoral interno que cumplió todos los requisitos, y es el propio gobierno el que fomenta un ambiente de caos y desorden. Es como un golpe de Estado a pequeña escala.

La independencia de las universidades garantiza la libertad de cátedra y protege a estas instituciones de convertirse en herramientas políticas, y la intervención del presidente Petro, al desconocer la elección de José Ismael Peña como rector, demuestra una alarmante falta de respeto por estos principios.

La propuesta de elegir rectores por votación popular es una receta para el desastre. La experiencia de otros países, como Argentina, muestra que este camino lleva a una politización excesiva y una disminución en la calidad académica, porque los candidatos caen promesas populistas que comprometen la excelencia educativa en favor de ganar votos.

Más allá de lo que esto representa para la Universidad Nacional y para la educación superior, este capítulo es pésima señal en materia democrática, pues muestra cómo el actual gobierno desconoce los procesos cuando los resultados no se ajustan ideológicamente a sus intereses.

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