No puede haber beneficios para violadores y asesinos de niños

La eliminación del artículo 7 de la Reforma a la Justicia, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaba reducir las penas para delitos graves contra menores de edad, merece ser celebrada.

Esta medida, que atentaba contra la seguridad de los niños, fue retirada ante el rechazo de la ciudadanía y de líderes que se opusieron a una rebaja que parecía minimizar la gravedad de estos crímenes.

Sin embargo, es preocupante que esta propuesta fuera siquiera considerada; el mensaje que envió el gobierno fue alarmante y generó justificada desconfianza en la capacidad del gobierno para priorizar la protección de la infancia.

Es fundamental que Colombia esté alerta para evitar que, en el futuro, se introduzcan iniciativas que suavicen el castigo a quienes atentan contra los menores de edad.

El camino que debe seguir el país es, por el contrario, el del fortalecimiento de las penas para quienes cometan estos delitos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha sido clara en expresar lo que la sociedad colombiana espera: castigos ejemplares y definitivos para los asesinos y violadores de niños.

Su propuesta de establecer cadena perpetua para estos criminales merece el respaldo de la ciudadanía y del Congreso.

La cadena perpetua no es un acto de retaliación, sino una barrera firme que preserva el derecho de los niños a vivir seguros.

La justicia debe reflejar este principio con leyes que castiguen de manera contundente a quienes se convierten en una amenaza para los menores.

La eliminación del artículo que proponía reducir las penas es un avance, pero queda mucho por hacer.

Es momento de consolidar una justicia que no permita la reincidencia en delitos tan graves, y la cadena perpetua es un paso necesario para ello.

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