¿Quién defiende a los niños del Cauca?

Foto: Ilustración generada con inteligencia artificial

editorial

sábado 28 de diciembre, 2024

El asesinato de 20 menores durante 2024, víctimas de grupos armados ilegales en el Cauca, evidencia una de las peores crisis humanitarias del país.

Estos niños, muchos de ellos reclutados bajo engaños o amenazas, son utilizados por las agrupaciones criminales y, en los casos más atroces, asesinados cuando intentan escapar de esta pesadilla.

Mientras tanto, este departamento sigue encabezando las estadísticas de reclutamiento forzado en Colombia, con más de 250 casos registrados este año.

La paradoja es indignante.

Mientras el presidente Gustavo Petro alza la voz en foros internacionales para denunciar los asesinatos de niños en Gaza, una causa que, sin duda, merece atención global, muestra una desconcertante indiferencia frente a las tragedias que afectan a los menores de su propio país, especialmente en el Cauca.

En el plano internacional, su reclamo es simbólico, pero en el caso nacional, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, tiene la capacidad real de actuar para proteger a los niños.

Sin embargo, las promesas del gobierno parecen quedarse en el plano de los discursos.

Hace apenas dos meses, el gobierno anunció con bombos y platillos la recuperación de El Plateado, en Argelia, una zona especialmente golpeada por la violencia.

Pero hoy, esa promesa suena vacía ante la realidad que se vive en la región: los grupos armados ilegales no solo mantienen su control, sino que han intensificado sus actos de violencia.

¿Dónde están las acciones concretas? ¿Dónde están las medidas efectivas para proteger a los más vulnerables?

El llamado es urgente.

No se trata solo de denunciar, sino de actuar.

El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad y priorizar la protección de los menores del Cauca.

Es inconcebible que mientras los niños son asesinados en el territorio nacional, el silencio y la inacción sigan siendo la respuesta predominante.

La vida de estos menores de edad debe importar, y protegerlos no es solo un deber moral, sino una obligación del Estado.