Un año después, la salud sigue sin rumbo

Hace un año, el Gobierno Nacional decidió intervenir varias EPS bajo el argumento de una profunda crisis financiera.

Sanitas, SOS y Nueva fueron puestas bajo el control del Estado con la promesa de corregir sus deficiencias.

Doce meses después, el balance es desolador: más que mejoras, lo que se ve es deterioro.

En el caso de Nueva EPS, que es propiedad del gobierno y está intervenida por el mismo gobierno, los problemas se han agravado.

Solo en 2024 se han registrado 358.316 reclamos, un 30 % más que el año anterior.

La deuda con clínicas y hospitales se disparó, superando los $4,2 billones, lo que ha llevado a muchas instituciones a suspender servicios.

Esta misma semana, la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia anunciaron que no atenderán más a sus afiliados.

Además, las imágenes de usuarios madrugando o amaneciendo en filas para reclamar medicamentos reflejan la gravedad del colapso.

La situación deja al Gobierno en una encrucijada: debe decidir si prorroga las intervenciones, liquida las EPS o las devuelve a sus antiguos administradores.

Pero ya advirtió que no pagará las deudas del sector privado, lo que limita las opciones.

Y si opta por la liquidación, el caos sería mayúsculo: más del 60 % de los colombianos están afiliados a EPS intervenidas.

¿A dónde irían a parar?

El sesgo ideológico del presidente Gustavo Petro no puede ser la razón para desmontar un sistema mixto de salud que, con todos sus problemas, ha permitido cierta cobertura y acceso para millones de colombianos.

La participación de actores privados no debería ser vista como un obstáculo, sino como un complemento necesario en un país donde la red pública de salud no tiene la capacidad, ni en infraestructura ni en personal, para asumir sola la atención de más de 50 millones de personas.

La ideología no puede estar por encima de la realidad ni por encima del bienestar de los ciudadanos.

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