Un nombramiento indefendible

El nombramiento de Armando Benedetti como asesor en la Presidencia de la República es un hecho que, lejos de fortalecer la confianza en el gobierno nacional, la debilita aún más.

Las circunstancias que rodean su designación, desde su cuestionado paso por la embajada ante la FAO hasta los escándalos personales y políticos que lo persiguen, hacen de esta decisión un pésimo mensaje para el país.

Cuando el presidente Gustavo Petro reabrió la embajada ante la FAO para nombrar a Benedetti, esta decisión fue vista como una estrategia para apartar al polémico político del escenario nacional tras sus explosivas declaraciones sobre presunta financiación irregular de la campaña presidencial.

Ahora, Benedetti regresa con un nombramiento en la Casa de Nariño, en un cargo con funciones poco claras, lo que deja aún más dudas sobre las verdaderas razones tras sus nombramientos.

Esta nueva designación, además, resulta ofensiva en una semana en la que se conmemora el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues Benedetti enfrenta acusaciones de agresión contra su esposa, un caso ampliamente conocido y aún sin resolver.

Más allá de los derechos que cualquier persona tiene a defenderse de las acusaciones, el simbolismo de este nombramiento no puede ser ignorado: el gobierno del “cambio” opta por privilegiar a un funcionario salpicado por múltiples escándalos, sin importar el mensaje que esto envía.

Adicionalmente, la reciente recaída de Benedetti en sus problemas de adicción al licor y las drogas, sumada a su actitud errática en entrevistas públicas, pone en duda sus facultades para asumir un rol clave en el corazón del ejecutivo.

Los colombianos tienen derecho a preguntarse si este nombramiento obedece a méritos, lealtades políticas o razones que no se explican públicamente.

No deja de ser paradójico que un gobierno que prometió ser diferente nombre a alguien que simboliza la vieja política, con prácticas y comportamientos que distan de los ideales de cambio y transparencia.

Decisiones como esta erosionan la credibilidad ciudadana.

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