79% del reclutamiento de menores se concentra en Cauca

Durante un debate de control político en el Congreso de la República, el representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Oscar Campo Hurtado, afirmó que el 79% de los casos de reclutamiento de menores se concentra en este departamento.

Así mismo, afirmó que 22 de los 42 municipios del Cauca registran casos de reclutamiento forzado de menores, con un incremento del 1500% entre 2022 y 2024.

En la radiografía presentada sobre esta situación, el parlamentario indicó que los municipios de Páez, Caldono, El Tambo, Argelia y Morales encabezan las zonas más afectadas, donde los grupos ilegales utilizan a niños y adolescentes como mecanismo de control social.

Según el congresista, esta estrategia busca crear arraigo territorial mediante el sometimiento de las familias al indicar que “cuando un menor es reclutado, sus familiares quedan ligados al grupo armado, perpetuando su influencia en la comunidad”.

El dirigente explicó que la ausencia de medidas efectivas del Estado contrasta con las catorce alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2022.

Educación

Campo señaló que casi tres mil menores en zonas de conflicto no están matriculados en el sistema educativo, lo que refleja el colapso institucional y el riesgo de perder una generación completa.

Campo destacó que los grupos armados aprovechan la marginalidad “donde no hay escuelas ni agua potable, el reclutamiento se vuelve una opción para los jóvenes”.

Al respecto, el ICBF reporta que Cauca y Nariño concentran el 60% de los casos de desvinculación atendidos desde 1999.

Así mismo, exigió intervenciones estructurales que combinen seguridad, justicia y programas sociales y enfatizó que “se requiere sustitución efectiva de cultivos ilícitos, presencia estatal permanente y protección para líderes comunitarios”.

Durante su intervención en el Congreso, el parlamentario caucano presentó mapas que identifican a 22 municipios con reclutamiento activo, donde el 72% de los casos nacionales se concentran en esta región.

Sobre las catorce advertencias emitidas por la Defensoría desde 2022, dijo que no han generado respuestas concretas.

Según Campo, esto evidencia “la indiferencia estatal frente a una tragedia humanitaria”.

Los informes oficiales revelan que las disidencias de las Farc son responsables del 78% de los casos, seguidos por el ELN y el Clan del Golfo.

Datos de la Defensoría corroboran que el 79% de los casos nacionales se concentran en el Cauca, con 190 reportes solo entre enero y agosto de 2024.

El reclutamiento forzado no solo busca engrosar filas sino que los menores son utilizados para cobrar extorsiones, vigilar territorios y reclutar a otros niños.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ya había dicho que los grupos ilegales “asignan funciones de inteligencia y los desplazan a otros departamentos para evadir controles”.

La Defensoría advierte que el subregistro supera el 30% por el temor a represalias, mientras organizaciones como el CRIC documentan desapariciones diarias de menores vinculadas al reclutamiento.

Esta práctica se ha normalizado en comunidades indígenas y afrocolombianas, donde representan el 57% de las víctimas.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca registró 817 casos entre 2020 y 2024, incluyendo 154 menores reclutados solo en 2023.

La Fiscalía tiene abiertas 243 investigaciones por reclutamiento en el Cauca desde 2023, pero solo 12 involucran a menores indígenas, pese a que representan el 51% de las víctimas.

Organismos internacionales han documentado el uso de drones y minas antipersonal en ataques donde participan menores reclutados, como ocurrió en El Plateado (Argelia) en octubre de 2024.

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