Crisis del Gas en la Transición Energética en Colombia

Por, Milton Fernando Montoya
Abogado Of-Counsel de Holland & Knight

De acuerdo con la información publicada semanas atrás por el gestor del mercado de gas, el próximo año 2025, Colombia interrumpe de manera abrupta una condición y tradición de autosuficiencia en materia de gas natural que ha durado 45 años desde el descubrimiento del yacimiento off-shore Chuchupa.

En efecto, según la información publicada, en el año 2025, la producción nacional de gas será deficitaria en un 7.5% para atender la demanda nacional (necesidad de contratación en firme), y en un 16% para el 2026.

Este es un desafortunado hecho histórico en la política energética nacional, similar al racionamiento de energía de 1992. Y no es fatalismo.

El gas natural es utilizado en Colombia por 12 millones de familias, lo que representa según Naturgas alrededor de 36 millones de usuarios, de los cuales el 60% de los suscriptores son de estratos 1 y 2.

Dicho en otras palabras, un amplísimo margen de la población colombiana, que se encuentra en las condiciones socioeconómicas de mayor riesgo de vulnerabilidad, son usuarios del gas natural y por ello la perdida de autosuficiencia puede tener un impacto social grave si no se toman las medidas regulatorias necesarias.

En efecto, sin ánimo de ser exhaustivos en la explicación, modelos que desde ya proyectan expertos técnicos del mercado de gas, estiman que la perdida de autosuficiencia puede implicar que la importación de gas se traduzca en un aumento del doble o hasta tres veces en el valor actual de la factura mensual para el usuario final, incluido el usuario residencial.

De materializarse en la realidad estas estimaciones, podría concluirse que la compra de gas en los mercados internacionales para abastecer la demanda, como resultado de la perdida de autosuficiencia, puede impactar gravemente la economía de las familias más vulnerables que usan, masivamente, este energético.

Pero el impacto sobre el usuario residencial no es la única preocupación.

¿Qué va a pasar con los usuarios industriales, comerciales y vehiculares de gas natural que a partir del 2025 deban pagar un precio de gas natural exponencialmente mayor al actual? Claro, este tipo de usuarios deberán pagar más por un insumo esencial en sus procesos industriales o comerciales, pero, al final, este mayor valor será, seguramente, trasladado al usuario final del producto o servicio.

En suma, perdemos todos.

Colombia es de los pocos países de América Latina que podía, con orgullo, presentar resultados exitosos de una política pública de masificación del gas natural implementada hace más de 30 años y que nos permitió extender la cobertura del servicio a 763 municipios al 2023, contando con un energético eficiente, seguro, limpio y económico, de hecho, el más barato de los demás servicios públicos domiciliarios y que ha sido reconocido como el energético por excelencia de la transición.

A nuestro juicio, la política de no firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, sumado al retraso en la agenda regulatoria por la ausencia de comisionados nombrados en propiedad durante ya mucho tiempo y las señales que política pública que socavan la confianza inversionista, agudizaron la perdida de autosuficiencia e independencia energética, hoy del gas, ojalá mañana no de electricidad, por poner un ejemplo.

Y mientras tanto, en esta delicada coyuntura, desde la institucionalidad se envían mensajes contradictorios o al menos que no denotan la coordinación y acción pública necesaria esperada; Ecopetrol anuncia que en breve daría inicio a las importaciones de gas desde Estados Unidos; el Ministerio de Minas y Energía defiende que no será necesario importar gas natural para cubrir la demanda nacional; se anuncia que se contempla la importación de gas desde Venezuela, pero días después advierte que ello no será posible en el corto plazo por razones técnicas; se anuncia que se aspira a producir un millón de barriles de petróleo diarios (sin explicar cómo); tímidamente se reconoce que la importación de gas si puede tener un impacto en el incremento de la factura al usuario; se propone la necesidad de reducir la demanda de gas, entre otros.

Por lo tanto, en diferentes espacios lo hemos destacado y lo reiteramos en esta columna: Colombia no puede darse el lujo de renunciar al aprovechamiento de sus recursos energéticos propios (petróleo, gas, carbón, agua, etc.) los cuales pueden apalancar nuestra transición energética ordenada, responsable en el corto, mediano y largo plazo; debe cuidar su soberanía e independencia energética, debe implementarse el principio de complementariedad de fuentes, debe fomentarse la entrada en operación oportuna de más proyectos de energía renovable y de transmisión, deben tomarse decisiones asociadas a nuestra transición con fundamento en consideraciones técnicas y, finalmente, no debe perderse de vista que, en últimas, quien se beneficia o padece las acertadas o desafortunadas decisiones en materia de transición energética será el usuario y por ello, ojalá, en este caso del gas, no seamos todos los colombianos quienes terminemos pagando la factura de una transición energética malentendida, multiplicada por tres.

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