Del Derecho en papel a la justicia real: desafíos de género en Colombia

María Camila Torres Silva – Abogada G-Legal / @g_legalco

En las últimas décadas, Colombia ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres.

Esta adhesión ha permitido avances normativos e institucionales importantes en la garantía de los derechos femeninos, especialmente en lo relacionado con el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, la prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación, así como en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Uno de los hitos más relevantes en la conquista de derechos por parte de las mujeres colombianas se dio en 1932, con la Ley 28, mediante la cual se empezó a reconocer a la mujer como sujeto de derechos y se le permitió administrar bienes.

En 1933 se abrió el acceso a la educación superior, y en 1944 se impulsó una reforma que les concedió el estatus de ciudadanas, habilitándolas para ejercer cargos públicos.

Finalmente, en 1954, con el Acto Legislativo No. 3 que modificó la Constitución de 1886, se reconoció el derecho al sufragio, consolidando así la ciudadanía femenina.

A pesar de estos avances jurídicos, persisten desafíos estructurales que impiden reducir la desigualdad formal y material a la que han sido sometidas las mujeres bajo el sistema patriarcal.

Este ha regido las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales del país, imponiendo roles que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en Colombia.

Entre las expresiones más alarmantes de esta desigualdad se encuentran las violencias basadas en género.

A diario, los medios de comunicación y las redes sociales reportan casos de agresión física, psicológica, sexual y económica contra mujeres y niñas, quienes muchas veces enfrentan revictimización institucional y altos niveles de impunidad.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo (2025), entre el 1 de enero y el 31 de mayo de ese año se registraron en Colombia: 352 feminicidios, 217 tentativas de feminicidio, 7.302 casos de violencia intrafamiliar, 6.401 delitos sexuales, 67 casos de explotación sexual en niñas y adolescentes, y 83 de trata de personas.

Estas cifras exigen respuestas integrales y sostenibles por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

Las mujeres también siguen siendo objeto de juicios sociales por ejercer su autonomía: se les cuestiona por no querer ser madres y dedicarse a alcanzar metas profesionales o económicas; por interrumpir voluntariamente un embarazo, incluso cuando está en riesgo su vida o salud, existe grave malformación fetal o es producto de una violación; por dedicarse exclusivamente al hogar y la crianza; por tener hijos antes de los 18 o después de los 30 años; o por trabajar mientras ejercen la maternidad.

Decisiones que son profundamente personales, pero que la sociedad suele plantear como si fueran de debate público y no de la intimidad y autonomía de cada mujer.

A esta violencia cultural se suman las cargas emocionales e impactos psicológicos derivados de tales juicios sociales, lo que refuerza las barreras que dificultan el bienestar y la autonomía femenina.

Estos aspectos, sin embargo, aún no son objeto de un debate jurídico profundo ni de políticas públicas que representen soluciones reales.

Otro desafío evidente es la persistente subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones, así como su exclusión de oportunidades laborales dignas, en condiciones equitativas de trabajo y acceso a educación de calidad.

A ello se añade la sobrecarga de trabajo no remunerado en labores de cuidado, que recae mayoritariamente sobre sus hombros.

El sistema patriarcal también exige a las mujeres cumplir con un ideal de “supermujeres”: tener una carrera profesional, una familia estable y éxito laboral y económico.

En este esquema se ignoran las luchas que enfrentan muchas mujeres con la infertilidad, la concepción o la maternidad; se justifica el abandono paterno y se omite el reconocimiento del trabajo de cuidado como un aporte esencial a la economía y al tejido social.

Frente a este panorama, resulta urgente desarrollar políticas públicas que articulen respuestas integrales y sostenibles desde diferentes frentes del Estado y de la sociedad, con un enfoque de género que incluya educación transformadora, justicia con perspectiva diferencial y participación efectiva de las mujeres en todos los niveles de poder.

Solo así se podrán configurar condiciones reales para alcanzar la equidad de género y construir una sociedad de respeto e igualdad.

En conclusión, la equidad de género y el respeto hacia las mujeres no deben abordarse únicamente a través de políticas, leyes o instrumentos normativos aislados.

La cultura de inequidad contra las mujeres es un problema estructural que demanda soluciones integrales y articuladas, lideradas por las principales afectadas: las mujeres.

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