“Abiertamente inconstitucional”: experta advierte ilegalidad de la consulta popular firmada por Petro

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a una consulta popular para que los colombianos decidan sobre reformas clave del sistema laboral y de salud.

Esta consulta popular surge como respuesta al rechazo del Senado al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno.

Según Petro, si el Congreso aprueba los puntos que plantea en la consulta, el decreto será derogado.

Pero si no lo hace, la decisión quedará en manos del pueblo.

El decreto fue enviado a la Corte Constitucional, encargada de evaluar su viabilidad jurídica.

De aprobarse, la consulta popular se realizaría el próximo 7 de agosto.

Los temas que incluye el mecanismo abarcan desde la jornada laboral máxima de 8 horas, recargos por trabajo en días festivos, hasta beneficios para pequeñas empresas y bonos pensionales para campesinos.

Advierten ilegalidad del decreto

En entrevista con el Diario Occidente, Luisa Fernanda García, docente de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, afirmó que el decreto firmado por Petro es “abiertamente inconstitucional”.

La profesora explicó que el presidente no puede convocar una consulta popular sin contar con el concepto previo y favorable del Senado, como lo exige la ley estatutaria que regula los mecanismos de participación ciudadana.

García enfatizó que esta acción viola principios esenciales del Estado de derecho, como la separación de poderes y la representación democrática.

Según su análisis, el Gobierno desconoce que solo el Congreso tiene la competencia para emitir un concepto que viabilice la consulta, y que cualquier convocatoria por decreto carece de fundamento legal.

También recordó que la Corte Constitucional es la instancia encargada de preservar el orden jurídico y que, según el artículo 241 de la Constitución, deberá evaluar la legalidad del decreto.

Para la docente, el presidente se extralimitó en sus funciones y está forzando un mecanismo que carece de viabilidad normativa.

Enfrentamiento y reacciones políticas

El presidente Petro argumenta que la Ley 1757 le permite convocar una consulta popular si el Senado no emite concepto dentro del plazo.

Sostiene que la consulta puede proceder por decreto, apoyándose en la interpretación del exfiscal Eduardo Montealegre.

Sin embargo, centros de análisis como DeJusticia advierten que se trata de un uso erróneo del concepto de excepción de inconstitucionalidad, pues no puede aplicarse a votaciones legislativas.

Las reacciones políticas fueron inmediatas. La congresista Angélica Lozano calificó el decreto como un “golpe nada blando”.

El concejal Daniel Briceño anunció una demanda de nulidad contra los ministros que lo firmaron.

La representante Katherine Miranda incluso lo tildó de “golpe de Estado”.

En medio de este debate, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra entre la vida y la muerte tras sufrir un atentado, dejó grabado un video que su equipo publicó justo después de la firma del decreto.

En la grabación, Uribe advierte que la consulta popular convocada por el presidente Petro es un acto ilegal que pone en riesgo la democracia.

Señala que se trata de un “autogolpe de Estado” y anuncia acciones legales por prevaricato contra el presidente y los ministros que firmaron el documento.

Su mensaje, grabado momentos previos del atentado, refuerza la gravedad del momento político que atraviesa el país.

El expresidente Iván Duque también se pronunció en redes sociales, señalando que esta convocatoria amenaza la democracia y vulnera la independencia de poderes.

Durante el pasado encuentro de la Asobancaria, el Diario Occidente le preguntó al ministro del Interior, Armando Benedetti, qué decisión tomaría el Gobierno si la Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto de la consulta popular.

Benedetti respondió que respetarán el marco legal y acatarán cualquier decisión judicial.

“Si la Corte Constitucional considera que el decreto es inconstitucional vamos a acatar cualquier fallo del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, de las competencias de las cortes estaremos prestos a acatarlas”, aseguró.

En medio de este escenario, la Corte Constitucional tiene ahora la responsabilidad de definir si el decreto firmado por Petro se ajusta al marco legal.

Mientras tanto, el país se enfrenta a un nuevo capítulo de polarización entre el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía.

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