Rechazo a “juicio revolucionario” del ELN a funcionarios secuestrados

El anuncio del ELN sobre un supuesto “juicio revolucionario” contra cuatro funcionarios estatales secuestrados en Arauca provocó una reacción inmediata del Gobierno nacional, la Rama Judicial y organismos de control, que rechazaron el procedimiento y exigieron la liberación inmediata de las víctimas.

La decisión fue divulgada por el Frente de Guerra Oriental del ELN, que informó la prolongación del cautiverio de dos agentes del CTI y dos integrantes de la Dijín de la Policía bajo la figura de “prisión revolucionaria”.

El grupo armado también planteó un eventual canje por guerrilleros privados de la libertad.

Los funcionarios afectados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, adscritos al CTI de la Fiscalía, secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca.

También permanecen retenidos Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Dijín, interceptados el 20 de julio de 2025 en la vía entre Tame y Arauca.

Según el comunicado difundido por el ELN, Pacheco Oviedo fue “condenado” a 60 meses de cautiverio y López Estrada a 55 meses, descontando el tiempo que ya permanecen secuestrados.

Por su parte, Hoyos Murcia recibió una supuesta condena de 36 meses y Pérez Mendoza de 32 meses.

El grupo armado justificó estas acciones con acusaciones de espionaje, participación en estructuras estatales y supuestos montajes judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades colombianas insistieron en que el ELN no tiene facultades para administrar justicia ni imponer sanciones.

Reacciones del Gobierno y la justicia

La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría emitieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron el llamado “juicio revolucionario” y reiteraron que sólo la Rama Judicial puede ejercer funciones judiciales en Colombia.

Las entidades señalaron que el secuestro constituye un delito y exigieron la liberación inmediata e incondicional de los cuatro funcionarios.

Además, pidieron respeto por la vida y la integridad de las víctimas, así como garantías para sus familias.

La Defensoría del Pueblo también cuestionó el anuncio del ELN y afirmó que este tipo de actuaciones carecen de validez frente al derecho internacional humanitario.

El organismo alertó sobre el impacto humanitario que prolonga el cautiverio de los funcionarios.

A estas reacciones se sumó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó el comunicado guerrillero como un acto sin legitimidad judicial y reiteró el llamado para liberar a todas las personas secuestradas por el ELN.

Gestiones humanitarias y contexto del conflicto

La Delegación de Paz del Gobierno informó que durante el último año adelantó gestiones con la Gestoría del ELN, la Iglesia Católica y la comunidad internacional para buscar la liberación de los funcionarios retenidos.

Además, solicitó al grupo armado realizar un “gesto humanitario” y liberar sin condiciones a las víctimas.

La delegación aseguró que mantiene comunicación con las familias mientras continúan las labores diplomáticas y humanitarias.

El caso se conoce en medio del recrudecimiento del conflicto armado y del aumento de secuestros reportados en distintas regiones del país.

Según cifras mencionadas por autoridades, durante 2025 se registraron 651 secuestros en Colombia.

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